Con frecuencia he señalado que “la nación” o “el pueblo” son
ficciones y he denunciado el abuso que se hace de ellas con
habitual desparpajo y sin justificación suficiente. Sin embargo es preciso
decir a continuación que son ficciones, a lo que se ve, necesarias para
sustentar el entramado jurídico constitucional preciso para armar una
democracia. Si echamos un vistazo a las constituciones españolas desde 1812 a
1978 veremos que todas las que presentan una orientación progresista: 1812,
1837, 1869, 1931, 1978, residencian el poder, la soberanía, en la nación o el
pueblo españoles. En realidad ese es el primer dato que se considera para
homologarlas como democráticas.