El sistema D’Hondt y las circunscripciones electorales de carácter provincial tal y como se utilizan hoy propician unos resultados que sin alterar el mandato constitucional benefician escandalosamente a los grandes partidos (PP, PSOE) y a los que se presentan en pocas circunscripciones (nacionalistas); como ejemplo, valga el dato de que un diputado de IU cuesta más de 400.000 votos y uno del PSOE o del PP algo más de 60.000; al tiempo, los partidos bisagra son siempre nacionalistas: vascos, catalanes, gallegos o canarios, que se postulan como mucho en cuatro circunscripciones, con lo que su importancia a nivel estatal se magnifica hasta el despropósito.
Cuando se diseñó el método vigente se tuvieron en cuenta, entre otras, dos cuestiones capitales en aquel entonces: 1)fortalecer el sistema de partidos con diversas medidas, como las listas cerradas y bloqueadas y otras sutilezas que impidieran una excesiva proliferación, lo que también redundaría en beneficio de la gobernabilidad, no en balde salíamos de un régimen autocrático que durante casi cuarenta años se había dedicado con aplicada inquina al descrédito del sistema de partidos; 2)respetar los anhelos nacionalistas, compañeros inseparables de cualquier eclosión democrática en nuestro país, según demuestra la historia , pero que fue la bestia negra del centralismo franquista. Seguramente fue una decisión acertada, pero han transcurrido treintaidós años, los jóvenes de hoy confunden a Franco con el tío del saco, aquel ente de ficción con el que asustaban las abuelas a los niños que hoy somos abuelos, y ya la ley electoral chirría.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Granada ha puesto en marcha con todo el aparato científico que cabría esperar un proyecto de reforma de la Ley Electoral, poniendo buen cuidado en que no pueda ser rechazado por utópico. De hecho un primer proyecto en 2008 que proponía una mínima reforma constitucional (Art. 68) ha sido sustituido por otro en 2009 que conserva el mismo espíritu pero que no requiere tocar la Constitución (Informe GIME’09). Por un ingenioso procedimiento que incluye ampliar a 400 el número de diputados desaparece la penalización que pesa sobre los partidos de ámbito estatal no mayoritarios, mantiene los escaños que alcanzaron los nacionalismos periféricos con escasísima alteración y conserva la situación predominante de los grandes partidos. La equidad mejora considerablemente sin menoscabo de la gobernabilidad. Permanece la ley d’Hondt, como deseable corrección a la proporcionalidad y garantía de gobernabilidad, así como las circunscripciones provinciales que se consideran una tradición en la historia electoral de España. No se puede pedir más por tan poco.
La comisión electoral del Congreso de los Diputados trabaja estos días en una reforma que tiene como objetivo cerrar por completo el paso a los afines a ETA y sobre las circunscripciones en las europeas, pero no se van a ocupar en absoluto de las elecciones al Congreso, han rechazado una propuesta en ese sentido de IU y UPD. Ninguno de los dos grandes partidos tiene el mínimo interés en una reforma que sólo puede debilitar su posición, al fin y al cabo su situación de privilegio la han logrado con esta ley y, sin ellos, nada es posible; cuentan además con la alianza de los más beneficiados por el sistema: los partidos nacionalistas. A menos que IU y UPD consiguieran sacar el tema a la calle y presionar con la movilización popular, no habrá reforma. ¿Tendrán capacidad para eso? Permitidme dudarlo. De momento se limitarán a incluirlo en sus programas electorales con la esperanza de arañar algún voto, pero carecen de nervio para otra cosa, y la colaboración es cosa que ni se contempla, faltaría más. Los electores de momento o practicamos la virtud de la resignación o el vicio de la desafección.
Y aquí paz y después gloria.
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