Los griegos, las repúblicas urbanas y el CGPJ

 

El sistema más común para designar a los funcionarios que habían de gestionar la cosa pública en la antigua Atenas, unos 1100, era el sorteo. Sólo unos pocos, 100 aproximadamente, lo eran por elección y eso, bien porque su cargo implicaba responsabilidades económicas y había que asegurarse una garantía con el patrimonio del elegido (los pobres no valían), o bien porque se requería una cualificación especial como ocurría con los strategós (generales), función delicadísima y vital en una ciudad en la que la guerra era su estado normal. El sorteo se consideraba mucho más democrático que la elección, hasta el punto de que al primero lo asociaban los tratadistas con la democracia y al segundo con la oligarquía (Aristóteles, Herodoto…). No en balde la democracia se basaba en el principio de isonomía, igualdad entre todos los componentes del demos, y en el alejamiento de cualquier tipo de influencia o coerción, inevitables en el sistema electoral por las facciones o partidos que se generan, y por la no menos indeseable preeminencia que alcanzaban algunos notables en esos grupos y, por tanto, sobre el sistema.

En el medioevo, en donde en ámbitos urbanos también se dieron procesos democráticos, se llamó al procedimiento del sorteo insaculación, del latín in sacculo, por la bolsa o saco de la que se sacaban los nombres de los elegidos. Tuvo un desarrollo notable en Venecia y en otras repúblicas urbanas de Italia. También en España, especialmente en la Corona de Aragón, pero no sólo allí, para designar consellers, alcaldes, corregidores y otros cargos municipales. En España hoy se sigue recurriendo al procedimiento del sorteo para elegir a los miembros de la Junta Electoral Central de entre los magistrados del Supremo, para la designación de peritos en el procedimiento civil, la adjudicación de casos en la Audiencia Nacional o el nombramiento de tribunales para las oposiciones a funcionarios del Estado.

De lo anterior extraigo la siguiente reflexión:

En España los partidos, inevitables en una democracia representativa (y esta a su vez inevitable en el mundo presente) fueron tratados con guante de seda en el sistema que se gestó en la Transición. Salíamos de un régimen sin ellos que duró 40 años y había que ayudar a nacer, arraigar o rehacer estructuras tan necesarias. Pero con el tiempo los partidos han proyectado sus raíces por todos los intersticios del sistema institucional y han ido colonizando muchos de los ámbitos de la administración abusivamente y con maneras inapropiadas. La calidad de una democracia se mide por las barreras que levanta ante la hipertrofia de cualquier poder y hoy los partidos muestran todos los síntomas de ese mal. Están reclamando acciones que los frenen y los saneen.

La crisis entre el ejecutivo y el judicial que viene escandalizándonos desde hace tiempo no parece tener solución por la presa que han hecho en las instituciones de la justicia las dos grandes formaciones en liza. Extender el sistema de sorteo, que como se ha visto ya existe en ciertos casos en la justicia y su gobierno y goza de impecable pedigrí democrático, a la resolución del bloqueo quizás sea buena solución. Tendría la virtud de alejar a los partidos de botín tan apetitoso como peligroso para la calidad democrática. Bastaría con retirar al Congreso de diputados la facultad de nombrar a los miembros del TC y CGPJ que le corresponden y extraerlos por sorteo de una lista en la que figuren todos los magistrados y juristas que reúnen las condiciones necesarias para el cargo. El papel del Congreso se limitaría a determinar cuáles son esas condiciones. El sistema podría ampliarse, por ejemplo a la Fiscalía General del Estado arrebatándoselo al ejecutivo, fuente de escándalo cada vez que hay que nombrarlo, sea quien sea el partido de gobierno. Etc., etc.

Ese elevado porcentaje de españoles que en las encuestas afirman que uno de los principales problemas del país son los políticos lo agradecerían, y los demás seguramente también. Pero no habrá lugar porque el legislador no son los diputados del Congreso sino los partidos expresándose a través de los diputados y esos nunca permitirán una limitación de su poder por necesaria que la vea el sentido común.

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Ilustración: A. Lorenzetti, El buen gobierno en la ciudad. Palazzo Pubblico, Siena