El poder de la oración

Me sorprende la sorpresa que un día sí y otro también expresan los medios y sus lectores (radioyentes o televidentes) ante la reciente constatación de que el trabajo no es incompatible con la pobreza, ¡que hay trabajadores pobres! ¿De dónde salen? (los pobres no, los sorprendidos) ¿En qué sociedad han nacido, han vivido, se han educado? Aparte Los tres cerditos y otras similares ¿cuáles fueron sus lecturas? Puede que sea cosa mía: lo mismo que las articulaciones empiezan a negarme el servicio que se supone que me deben, las neuronas responsables del asombro han podido emprender el mismo camino de insurgencia. No creo porque de hecho me maravilla el fenómeno (que se sorprendan), como manifiesto a la entrada.

Huelga general

Ante la convocatoria de la huelga general han surgido las voces de siempre, que en un intento de descalificación la tachan de política. Incluso la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, en una de sus salidas de tono habituales ha sugerido la conveniencia de prohibir las huelgas generales porque, dice, no tienen objetivos laborales. Casi no merece la pena detenerse en este asunto de la condición política o no de las huelgas, pero lo haré porque del análisis de esta acusación podemos sacar provecho.

La huelga general formó parte del arsenal revolucionario del movimiento obrero, no de sus armas de lucha habituales en la confrontación laboral. En el ideario marxista, cuando las contradicciones  del sistema hubieran llegado a su extremo en el proceso de socialización de la producción y apropiación privada del beneficio, los productores, conscientes de su poder, paralizarían la producción mediante la huelga general, lo que les permitiría tomar las riendas de la situación y expropiar a los expropiadores. Iniciarían así el proceso revolucionario que tendría como meta la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado, ya que si éste es un instrumento en manos de las clases dominantes para afianzar su poder, en una sociedad igualitaria resulta innecesario.

Se explica pues que la huelga general se convirtiera en un mito en el movimiento obrero, un último recurso que sólo había que utilizar en el momento preciso, cuando las condiciones estuvieran maduras, porque su fracaso podía dar al traste con años de lucha. Así y todo, la historia del XIX y del XX, especialmente la primera mitad del siglo pasado, está llena de espejismos revolucionarios y huelgas generales fracasadas. Recordemos la nuestra del 34 que triunfó temporalmente en Asturias y que permitió a la República, circunstancialmente gobernada por la derecha, ensayar procedimientos brutales de represión utilizando a la Legión que comandaba Franco.

Las organizaciones sindicales se institucionalizaron con el paso del tiempo, la evolución en la condición de los trabajadores y la consolidación y ascenso de la socialdemocracia, a la vez que asumían objetivos reformistas, relegando la sustitución revolucionaria del sistema a un horizonte prácticamente utópico. Todos los Estados, conscientes de las ventajas que ello reportaba para la paz social, favorecieron el proceso y legislaron para dar cauce legal a la acción sindical, lo que en tiempos de normalidad económica fue percibido por la mayoría como una conquista más del Estado del bienestar; pero, en la excepcionalidad de la crisis algunos lo han visto como una traición del aparado sindicalista, que se habría burocratizado y permitido su domesticación por parte del Estado burgués. En realidad, muchas de las críticas que sufren los sindicalistas hoy no tienen este tono, que a muchos parecerá retro; antes bien, se limitan a incluir el staff sindical en el grupo que se designa con el genérico de los políticos,  sin más complicaciones. Así, de la misma manera que en el terreno político el movimiento de los indignados ha venido rocambolescamente a engrosar el independentismo catalán hasta desbordar las expectativas de sus promotores, en el terreno laboral hace el caldo gordo al liberalismo, responsable de su indignación, al bloquear a su propia mejor arma: el sindicalismo.

Como tantas cosas la huelga general ha cambiado de significado. Ya no es un instrumento revolucionario, pero sí un recurso excepcional por sus posibles efectos y su coste organizativo, también por sus consecuencias desmovilizadoras ante un eventual fracaso, o su trivialización.

Naturalmente sus objetivos son políticos: pretende cambiar la política laboral y económica en beneficio de las clases cuyos intereses defiende, pero a nadie de la izquierda avergüenza el calificativo de político. La condición de ciudadano implica la de político. Renunciar a la política es renunciar a la ciudadanía. Cualquier reivindicación, incluidas las laborales, es una reivindicación política. No caigamos en la estúpida trampa de considerar la política como el ejercicio vergonzante de una casta profesional, en la que ahora se quiere meter también a los sindicalistas. Tal actitud sólo se explicaría por la ignorancia más contumaz, la complicidad con los poderosos o la asunción de los presupuestos ideológicos de la derecha. El reiterado recurso del gobierno al “sentido común” a “lo que hay que hacer” es una reducción de la política a la condición de mera administración, una negación de las alternativas en función de los diferentes y legítimos intereses, es decir, de la política.

La convocatoria se hace en este ambiente viciado, en donde el ruido altera el juicio e impide distinguir los mensajes salvadores de aquellos que nos dividen, nos debilitan o nos incapacitan cada vez más. Esperemos que al menos sirva para que empecemos a encontrar el camino.

Sindicatos. Una de cal y otra de arena

He sido sindicalista toda mi vida profesional y siempre integrado en un sindicato de clase. Entendía que la solidaridad en los sindicatos llamados profesionales se termina en donde acaba la profesión, lo que juzgaba profundamente insatisfactorio, limitado y egoísta. La experiencia me ha demostrado que no estaba lejos de la verdad; la proliferación de tal tipo de sindicalismo y sus actuaciones cotidianas lo han puesto sobradamente de manifiesto, como tuvimos ocasión de comprobar recientemente con los controladores aéreos, que llegaron a provocar una crisis nacional frente al escándalo y la alarma de todos. Es un ejemplo, quizá excepcional, pero se podrían aportar muchos más.

Como se suele decir, todo se pega menos lo bonito. CC.OO., UGT y otros sindicatos menores acaban de lanzar el órdago de más de veinte días de huelga en fechas clave (Semana Santa, puente de mayo, etc.) para el personal de AENA, que se siente amenazado por la privatización parcial de los aeropuertos que el gobierno ha anunciado. Lamentablemente lo han hecho en el pésimo estilo repetidamente utilizado por pilotos y controladores, que tanto se asemeja a un chantaje, y que toma como rehenes a millones de usuarios ajenos a la cuestión.

Preferiría pensar que van de farol y que la huelga no se materializará; es más, apostaría a que el arreglo se tomará antes de que el daño causado al turismo sea irreversible; pero, el anuncio se ha hecho y la impresión ha sido penosísima, por lo ya llovido y por estar respaldado por organizaciones que recientemente han demostrado, en otro campo, un sentido de la responsabilidad envidiable. Igualmente me hago cargo de la gravedad de la amenaza de despidos y precarización del empleo que supondrá la entrada del capital privado en el sector, por lo que no puedo por menos que manifestar mi solidaridad con los empleados que ven peligrar su situación laboral en una coyuntura tan crítica. Están en su derecho si se movilizan para llamar a que nos solidaricemos con ellos a la vez que presionan a su empresa para obtener garantías ¿Quién podría negárselo? Pero, tienen el deber inexcusable de mostrarse a su vez solidarios con los centeneras de miles de parados que esperan como agua de mayo una mínima reactivación por la afluencia de turistas, una de las pocas actividades que no ha sido gravemente dañada en este terremoto económico. Por el contrario, en el anuncio de huelga han mostrado mucho cuidado en señalar que concentrarán su movilización en los momentos en que más pueden dañar la afluencia turística. Naturalmente ese no es su objetivo, sino presionar a la empresa que obtendrá ingresos extras por esa actividad, pero también al gobierno que tiene parte de responsabilidad en la recuperación económica y en la reducción del paro; sin embargo, despreciar el daño a los compañeros desempleados, es más, utilizarlo como elemento de presión al gobierno (contra quien en realidad va dirigida la acción) para que abandone su proyecto de privatización, le confiere el aspecto de chantaje y muestra un nivel de insolidaridad lamentable y completamente impropio de las organizaciones que respaldan la movilización. No lo haría mejor cualquier sindicato profesional.

La obligación primaria de los sindicatos es luchar por la conservación de los puestos de trabajo, pero eso incluye la lucha por la recuperación de los que se han perdido. El sindicalismo sin solidaridad (extendida a todos los trabajadores, en paro o en actividad) no merece el calificativo de clase. Para despejar las dudas, los negociadores sindicales tienen la obligación de revisar su programa de movilizaciones dándole un cariz menos insolidario y, en segundo lugar, pero no por eso menos importante, esclarecer qué se reivindica exactamente, porque hasta ahora no hemos escuchado más que declaraciones ambiguas, y si se produce algún oscurantismo no debería proceder de la parte sindical.

Sindicalismo y crisis

Hace tan sólo semanas el gobierno sostenía que no era necesaria una reforma laboral que le venían pidiendo desde distintos sectores algunos tan poco autorizados como el financiero. Ahora la impone por decreto, tras el fracaso de la mesa sindicatos patronal, alegando su inevitabilidad. Es posible que sea necesaria una reforma en este sentido; puede que una desregulación (flexibilización es el eufemismo) del factor trabajo redunde a la larga en una reducción del paro, como aseguran los adoradores del mercado libre; pero, no cabe duda de que es una medida importante en el desmantelamiento del sistema social europeo, que entre otras cosas amenaza en España con cargarse el sistema sindical, como ya ocurrió con el británico en tiempos de M. Thatcher.

El sindicalismo en nuestro país ha adolecido de su tardía recomposición, después de haber sido desmantelado por el franquismo. En realidad no logró situarse a la altura de los del entorno europeo, entre otras razones por falta de arraigo entre las clases trabajadoras (al franquismo no lo derribó ni la lucha política ni la obrera, se murió de viejo, como su fundador). Por las peculiaridades de la Transición, muy pronto desde el poder se protegió a los sindicatos legal y económicamente, como se hizo con los partidos, por entender que eran instrumentos imprescindibles en la consolidación democrática. El efecto fue sin duda positivo, pero tuvo contrapartidas: dificultad para inspirar credibilidad entre los que eran objeto de su lucha; desde su legalización se han sostenido más por la ayuda estatal que por el esfuerzo de sus defendidos; como consecuencia, muchos trabajadores los ven como un instrumento más del poder o de la administración del que esperan algo, pero con el que no se implican. Curiosamente las direcciones de los grandes sindicatos han actuado casi siempre con responsabilidad y eficacia y en muchas ocasiones han demostrado más sentido de Estado que muchos políticos o partidos, lo que es de agradecer, pero no ha contribuido a su imagen como organizaciones en defensa exclusiva de los intereses de los trabajadores.

Los sindicatos no pueden aceptar una reforma laboral que suponga un retroceso importante de las conquistas consolidadas en el pasado, el sacrificio tiene un límite, más difícil de soportar si los sectores responsables de la situación se van de rositas, como muestran todas las evidencias. Lo peor del caso es que la respuesta, la huelga general, no puede ser más que testimonial, y, por tanto, muy probablemente, un fracaso, como ha ocurrido con la de funcionarios. El callejón no tiene salida. Si en la reforma con la que chantajeaba el Gobierno se incluyen medidas para trocear la negociación colectiva y, en aras de una mayor racionalidad, se rebaja a nivel de empresa, el golpe para los sindicatos puede ser mortal.

Puede ocurrir que otro de los males que traiga la crisis sobre los trabajadores sea nada menos que el desmantelamiento de sus instrumentos de lucha y defensa de sus intereses. Otro sacrificio que en el altar del mercado está a punto de ofrendar el capital, y el Gobierno de acólito.

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