Vivimos malos tiempos para la
enseñanza pública por dos razones, ambas muy graves: la primera, porque desde
el poder, dada la coyuntura política actual, no parecen soplar vientos
favorables; la segunda, porque las preferencias de la ciudadanía se inclinan
cada vez en mayor medida por la privada, hasta el punto de que el porcentaje de
los que utilizan la pública se acerca peligrosamente a los que no pueden usar
de la privada, por causas económicas o porque no hay un centro disponible en su
entorno.
Las razones de la preferencia
son múltiples pero una de ellas es el desprestigio de lo público que se ha
generado en esta ola neoliberal, que no se limita a la praxis, sino que esparce
ideología para todos en abundancia.
Los centros públicos tienen
profesores funcionarios y no se gestionan con criterios empresariales. Ambas situaciones
despiertan una notable desconfianza en los potenciales usuarios, que ignoran, o
quieren ignorar, que, por ser así, los docentes se seleccionan mediante un
sistema de concurso/oposición que garantiza su idoneidad y competencia en mucha
mayor medida que en los privados; en estos se contrata con criterios
empresariales, en el mejor de los casos. Olvidan, además, que la gestión empresarial
tiene como objetivo prioritario el beneficio, aunque éste puede quedar matizado
por otros de carácter doctrinal, si se trata de un centro de la Iglesia u otra
organización que, sin duda, estará fuertemente ideologizada si es que se
interesa por la educación.
Uno de los fenómenos que más ha
contribuido a colocar la educación pública en la situación actual, al menos la
primaria y secundaria obligatoria, es la concertación, sistema que puso en
marcha uno de los gobiernos de Felipe González. Seguramente su diseño era
congruente con la sensibilidad progresista, pero su práctica ha puesto de
manifiesto que se ha limitado a transferir recursos públicos al sector privado
sin otra ventaja que la desaparición de un sexismo trasnochado, pero sin que
hayan podido ser erradicadas otras discriminaciones y deficiencias, que el usuario
común no encuentra aberrantes si se pueden torcer en su particular beneficio. Un
balón de oxígeno para la privada sin mucha justificación.
Hay un aspecto de la enseñanza
pública que me interesa destacar: la pluralidad. Los centros públicos tienen
una tradición democrática en su gestión que vienen conservando desde los
últimos años del franquismo, a pesar de los repetidos intentos de crear un cuerpo
de directores que separara a los gestores de los docentes. Además, los
profesores se consideran básicamente iguales, y habitualmente se “turnan”
consensuadamente en los puestos de responsabilidad sin que las intentonas de
crear una carrera docente hayan malogrado apenas tal práctica y sentimiento.
Esto, que ocurre a nivel de centro, se repite en los departamentos docentes,
donde, si existen diferencias incompatibles, los discrepantes pueden salvar su
independencia haciendo uso de la libertad de cátedra, con las debidas
formalidades. Todo ello genera un más que excelente nivel de pluralidad, tanto
en la acción docente como en las actitudes.
Ni que decir tiene que la
neutralidad ideológica no existe, así que el único modo de salvar a los alumnos
de un adoctrinamiento injusto y abominable es la pluralidad. La sociedad es
plural, y sólo se puede preparar a los chicos para su inserción en ella en la
pluralidad. No hay duda.
En los centros privados nunca se
dan estas condiciones. De hecho la ley permite que elaboren idearios de centro
de acuerdo con la ideología que sostienen las instituciones que los crean y mantienen.
Fuerzan a los docentes en una determinada dirección y educan a los niños en un
sistema de valores, que, por muy excelente que se crea, da una visión parcial
del mundo y priva a los futuros ciudadanos de la capacidad de elegir con
criterio. Es decir, entorpece la formación de criterio propio, que, por el
contrario, debería ser la máxima preocupación de cualquier sistema educativo.
Curiosamente, esta cualidad de
la pública, que por sí sola justificaría su existencia, no es apreciada casi en
absoluto. El común de las familias valora más que sus hijos tengan vecinos de
pupitre de “buenas familias”, y que les inculquen unos cuantos principios de
los que se desgranan en los púlpitos. De hecho el gran peligro para la
educación pública no procede del gobierno de derechas que nos hemos regalado, que
también, sino de la desafección ciudadana.
