23 sept. 2011

El negocio (asunto) de la enseñanza

 
Se ha dado un salto cualitativo en el debate sobre la enseñanza, porque nadie hasta ahora había cuestionado su gratuidad y obligatoriedad si no era para ampliar su ámbito; sin embargo, la muy liberal presidenta de la Comunidad de Madrid, aprovechando las obligadas economías a que obliga la crisis, se ha permitido plantear la duda sobre si acaso no sería conveniente replantearse la gratuidad de algún tramo. El revuelo producido ha obligado a alguno de sus correligionarios a asegurar que no habrá modificaciones en ese sentido, de ganar el PP las elecciones, pero a todos nos ha llegado con nitidez el mensaje de que el asunto es materia de discusión (en el mejor de los casos) entre ellos.

Decía recientemente un comentarista político que los notables se sienten libres para luchar por el mantenimiento de sus privilegios porque las clases populares han perdido capacidad de intimidación con el derrumbe de la izquierda política y sindical. La enseñanza pública se sostiene con los impuestos de todos, mucho más injustos de lo que debieran, pero de todos. Las clases altas tienden a considerarla como un despilfarro porque ellos no la utilizan, pero la pagan; genera un nivel de fracaso escolar elevado (piedra de escándalo para los que no tienen en cuenta el fracaso social que lo alimenta), que es utilizado para cuestionar su eficiencia; y es igualitaria y niveladora, lo que contrasta con los fundamentos existenciales e ideológicos de tal grupo.

Un poco de historia para aliñar el discurso. El desenlace de la guerra civil, en el sentido que todos conocemos, supuso la mayor ruptura de continuidad en el desarrollo de la educación desde la Ley Moyano (1857). En primer lugar la “depuración”, que afectó a dos de cada tres maestros o profesores de instituto y universidad, muchos de los cuales fueron fusilados (¿6000?); se redujo drásticamente la oferta de plazas al cerrarse muchos centros, sobre todo institutos de enseñanza media; por último se cambiaron las bases ideológicas, sustituyendo los objetivos laicos y progresistas, propios de la República, por el ultraconservadurismo y catolicismo excluyentes (sobre este tema: página del Caum ). El resultado fue una enseñanza primaria (6 a 12 años) que se repartían el Estado (gratuita) y la Iglesia (de pago, aunque algunas órdenes la compaginaban con una enseñanza asistencial, separando estos alumnos de los de pago); una enseñanza media sin conexión con la primaria (examen de ingreso a los 10 años) en institutos y centros de la Iglesia, que se distribuían en la proporción de 17% a 40% respectivamente (INE, 1960), el resto “libres”, por vivir mayoritariamente en zonas rurales a las que ni la Iglesia ni el Estado atendía. La interacción entre ambas entidades era notable: la Iglesia supervisaba moralmente (profesores de religión y “directores espirituales” en los centros y “nihil obstat” en los libros de texto, mientras el Estado controlaba académicamente en los exámenes de ingreso y las dos revalidadas). En la enseñanza media y superior los alumnos procedían masivamente de las clases medias(1) y altas salvo una exigua minoría de becarios, y como los institutos eran prácticamente gratuitos y la universidad cobraba tasas muy por debajo del costo del puesto escolar, ambas constituían un regalo para este sector, con los impuestos de todos. Que yo recuerde ningún liberal protestó entonces, tiempos durísimos económicamente, por tamaño desaguisado. Hay que puntualizar que sólo había institutos en las capitales de provincia, salvo alguna excepción, por lo que la población rural (casi 45% en 1960) sufría muy duramente la discriminación. Con mínimas variaciones, impuestas más por los cambios sociales que por voluntad de los dirigentes, esta tónica se mantuvo durante todo el periodo.

La Ley General de Educación de 1970, en la agonía del franquismo, impuso un cambio importante, pero fue la Transición con la política de construcciones escolares y contratación de profesores (Pactos de la Moncloa), y la LOGSE (gobierno socialista), los que asentaron unos principios verdaderamente democráticos con la universalización, la obligatoriedad y la gratuidad desde los 6 a los 16 años; por primera vez la enseñanza era un derecho al alcance de todos -no entro en la polémica sobre la discutida bondad técnica de la LOGSE y sus sucesivas modificaciones porque no es el objeto de éste artículo-.

En esas estábamos cuando se introduce malévolamente la duda sobre la viabilidad del sistema. En aquel tiempo, por razones ideológicas, se entregó el mando a la Iglesia, hoy se le intenta regalar al mercado del que la muy liberal presidenta es devota ferviente, y en cuyo altar está dispuesta a sacrificar lo que sea menester de derechos ajenos. Yo no me he resistido a invitar a los interesados a que echen una mirada hacia atrás, para que no se nos vaya a olvidar de dónde venimos y para que no permitamos poner en cuestión uno de los pilares de la democracia: la enseñanza universal, gratuita y obligatoria hasta las puertas de la edad adulta.

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(1)   El concepto de “clase media” ha variado mucho. En la época que trato se limitaba a los profesionales y a los medianos propietarios agrícolas,  industriales y comerciantes.

4 comentarios:

jaramos.g dijo...

Amigo Arcadio, como ya podrías suponer, no estoy de acuerdo al cien por cien con lo que defiendes aquí, como corolario del breve y rápido recorrido histórico. Perdona que me extienda más de la cuenta en este espacio que, a fin de cuentas, te pertenece.
1. No soy amigo de las gratuidades universales, por ejemplo la de libros de texto. Como tampoco de que todos los impuestos sean siempre indirectos, etc. Por dos razones: a) algunas familias podrían cargar con ese gasto escolar y con más, porque gozan de un buen nivel económico, y el dinero de los libros de sus hijos se podría emplear en otra cosa, de las tantas que faltan en la enseñanza pública; b) lo que no cuesta (dinero) no se valora, así es -por desgracia- en este mundo que vivimos. Creo que igualmente injusto es “Casera pa tos” que “Casera pa nadie”.
2. Todos los que nos hemos movido en el contexto de la enseñanza, sabemos la cantidad de dinero “de todos” que desperdician grupos de alumnos que ni se llevan a clase (si es que van) la cartera, no hacen nada, no aprenden nada, no aprueban nada…, sin que pase nada. Muchos, con la connivencia, tácita o no, de los padres, que hacen gala de una gran irresponsabilidad para con sus hijos y para con la ciudadanía, la cual brinda los medios vía impuestos. Este fenómeno se da, sobre todo, a partir de la Secundaria Obligatoria, permanece (aunque con menos virulencia) en Bachillerato y llega incluso a la Universidad. Si cogiéramos la calculadora…
3. No soy experto en la materia (y tampoco importaría que lo fuese: para el caso que me van a hacer…), pero se me ocurre pensar que algún estímulo debe sostener el esfuerzo que supone aprender, y al revés; no puede dar igual, como ahora, ocho que ochenta. Quiero decir que algo debe perder (aparte de los conocimientos y el título que no adquiere) aquel alumno que malgasta el dinero público. De alguna manera debe estar penalizado el pasotismo estudiantil, además de con el suspenso, que deja ya impasibles a niños y jóvenes. ¿Ese acicate o motivación “externa” es el pago de una cantidad simbólica, que de todos modos nunca llegará a sufragar lo que cuesta una plaza escolar (unos 5.000 € plaza/año)? No lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que empezar a ponernos un poquito serios. Por otra parte, están las becas, para los niños de familias más necesitadas…
Salud(os) y gracias por haber llegado hasta el final de tamaña parrafada.

Arcadio R. C. dijo...

La diferencia entre un derecho y la asistencia social es que el primero afecta a todos por igual, la asistencia sólo a los necesitados. En educación de lo que hablamos es de derechos.
El derecho a la educación es de los niños y para que no sea conculcado por avatares económicos de sus familias o por su ocasional irresponsabilidad es necesario que sea obligatoria y gratuita.
Exige la Constitución que la educación básica sea gratuita y obligatoria. La cuestión es qué consideramos educación básica. Si aceptamos la situación actual (6/16), no es descabellado que los tramos vecinos (3/6 y Bachiller) sean no obligatorios pero sí gratuitos. Por supuesto que la superior, por ser pública no se debe regir por criterios comerciales sino sociales, así que las tasas exigidas deben estar tan separadas del costo como sea posible. Éste es un criterio conservador, es lo que hay.
La tesis central de mi artículo era que el dinero público se utilizo durante décadas (si consideramos sólo el franquismo y no nos remontamos más atrás) para subvencionar la educación de las clases medias y altas (las inferiores tenían de hecho vedado el acceso) sin que se oyeran voces en contra, pero ahora nos escandalizamos por el despilfarro que supone educar a todos.
Un saludo siempre cordial.

Juliana Luisa dijo...

El artículo 26, Apartado 1, de la Declaración Unversal de los Derechos Humanos dice:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción téncina y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en funcion de los méritos respectivos.
A mi juicio, la calidad para algunos es privilegio, y creo que la enseñanza pública es la única que puede garantizar una calidad para todos y todas.

Anónimo dijo...

Yo me escandalizo de que se siga subvencionando a las clases medias y altas mediante los "conciertos" escolares con empresas privadas. Enseñanza gratuita sí; pero pública.
Saludos,
F.S.C.