El negocio (asunto) de la enseñanza

 

Se ha dado un salto cualitativo en el debate sobre la enseñanza, porque nadie hasta ahora había cuestionado su gratuidad y obligatoriedad si no era para ampliar su ámbito; sin embargo, la muy liberal presidenta de la Comunidad de Madrid, aprovechando las obligadas economías a que obliga la crisis, se ha permitido plantear la duda sobre si acaso no sería conveniente replantearse la gratuidad de algún tramo. El revuelo producido ha obligado a alguno de sus correligionarios a asegurar que no habrá modificaciones en ese sentido, de ganar el PP las elecciones, pero a todos nos ha llegado con nitidez el mensaje de que el asunto es materia de discusión (en el mejor de los casos) entre ellos.

Decía recientemente un comentarista político que los notables se sienten libres para luchar por el mantenimiento de sus privilegios porque las clases populares han perdido capacidad de intimidación con el derrumbe de la izquierda política y sindical. La enseñanza pública se sostiene con los impuestos de todos, mucho más injustos de lo que debieran, pero de todos. Las clases altas tienden a considerarla como un despilfarro porque ellos no la utilizan, pero la pagan; genera un nivel de fracaso escolar elevado (piedra de escándalo para los que no tienen en cuenta el fracaso social que lo alimenta), que es utilizado para cuestionar su eficiencia; y es igualitaria y niveladora, lo que contrasta con los fundamentos existenciales e ideológicos de tal grupo.

Un poco de historia para aliñar el discurso. El desenlace de la guerra civil, en el sentido que todos conocemos, supuso la mayor ruptura de continuidad en el desarrollo de la educación desde la Ley Moyano (1857). En primer lugar la “depuración”, que afectó a dos de cada tres maestros o profesores de instituto y universidad, muchos de los cuales fueron fusilados (¿6000?); se redujo drásticamente la oferta de plazas al cerrarse muchos centros, sobre todo institutos de enseñanza media; por último se cambiaron las bases ideológicas, sustituyendo los objetivos laicos y progresistas, propios de la República, por el ultraconservadurismo y catolicismo excluyentes (sobre este tema: página del Caum ). El resultado fue una enseñanza primaria (6 a 12 años) que se repartían el Estado (gratuita) y la Iglesia (de pago, aunque algunas órdenes la compaginaban con una enseñanza asistencial, separando estos alumnos de los de pago); una enseñanza media sin conexión con la primaria (examen de ingreso a los 10 años) en institutos y centros de la Iglesia, que se distribuían en la proporción de 17% a 40% respectivamente (INE, 1960), el resto “libres”, por vivir mayoritariamente en zonas rurales a las que ni la Iglesia ni el Estado atendía. La interacción entre ambas entidades era notable: la Iglesia supervisaba moralmente (profesores de religión y “directores espirituales” en los centros y “nihil obstat” en los libros de texto, mientras el Estado controlaba académicamente en los exámenes de ingreso y las dos revalidadas). En la enseñanza media y superior los alumnos procedían masivamente de las clases medias₍₁₎ y altas salvo una exigua minoría de becarios, y como los institutos eran prácticamente gratuitos y la universidad cobraba tasas muy por debajo del costo del puesto escolar, ambas constituían un regalo para este sector, con los impuestos de todos. Que yo recuerde ningún liberal protestó entonces, tiempos durísimos económicamente, por tamaño desaguisado. Hay que puntualizar que sólo había institutos en las capitales de provincia, salvo alguna excepción, por lo que la población rural (casi 45% en 1960) sufría muy duramente la discriminación. Con mínimas variaciones, impuestas más por los cambios sociales que por voluntad de los dirigentes, esta tónica se mantuvo durante todo el periodo.

La Ley General de Educación de 1970, en la agonía del franquismo, impuso un cambio importante, pero fue la Transición con la política de construcciones escolares y contratación de profesores (Pactos de la Moncloa), y la LOGSE (gobierno socialista), los que asentaron unos principios verdaderamente democráticos con la universalización, la obligatoriedad y la gratuidad desde los 6 a los 16 años; por primera vez la enseñanza era un derecho al alcance de todos -no entro en la polémica sobre la discutida bondad técnica de la LOGSE y sus sucesivas modificaciones porque no es el objeto de éste artículo-.

En esas estábamos cuando se introduce malévolamente la duda sobre la viabilidad del sistema. En aquel tiempo, por razones ideológicas, se entregó el mando a la Iglesia, hoy se le intenta regalar al mercado del que la muy liberal presidenta es devota ferviente, y en cuyo altar está dispuesta a sacrificar lo que sea menester de derechos ajenos. Yo no me he resistido a invitar a los interesados a que echen una mirada hacia atrás, para que no se nos vaya a olvidar de dónde venimos y para que no permitamos poner en cuestión uno de los pilares de la democracia: la enseñanza universal, gratuita y obligatoria hasta las puertas de la edad adulta.

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(1)   El concepto de “clase media” ha variado mucho. En la época que trato se limitaba a los profesionales y a los medianos propietarios agrícolas,  industriales y comerciantes.