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Hoy es el día de Andalucía y me apetece escribir sobre algunos equívocos en torno a su presunta esencia nacional que se han difundido intencionadamente con la acción positiva de algunos y la apatía o permisividad de otros, pero que por falsear la historia sólo contribuyen al oscurantismo y a la superstición política. Lo hago desde la autoridad que me da el haber nacido y vivido toda mi vida en esta región y el recelo que me provocan los mitos que se utilizan como cimiento de construcciones políticas.

Como todos sabemos el nombre de Andalucía deriva de al-Ándalus, denominación árabe de la península en tiempos históricos. El problema está en el origen del término árabe, ya que en época clásica se la denominó Iberia (griegos) o Hispania (púnicos y romanos). Opiniones recientes lo hacen proceder de Atlántida (Atlantis > adlandis > alandlus > al-Andalus), por una corrupción del nombre de la ignota tierra extremo occidental del mito platónico.

Lo curioso es que tal denominación nunca se utilizó para designar un territorio que coincidiera más o menos con la actual región andaluza, ni antes de 1492 ni después; hay que esperar al S. XIX para ello. Y es así, en parte, porque ni durante la época islámica (VIII al XV) ni en los siglos XVI, XVII o XVIII constituyó nunca una unidad administrativa, ni reino, ni región, ni provincia. Hay que remontarse bastante más de mil años, ahí es nada, para encontrar una provincia romana que coincida groso modo con la actual comunidad: la Bética. Marcar una línea de continuidad que salve el foso de 1.100 años entre una fecha y la otra es, a todas luces un exceso.

Un ministro de la regente Mª Cristina en los años treinta del siglo diecinueve, Javier de Burgos, emprendió una reorganización territorial del Estado con criterios centralizadores y racionalistas, como en Francia, fuente de inspiración del liberalismo español. Ese fue el origen de las provincias. Se diseñaron con dimensiones parecidas y adoptaron el nombre de la ciudad donde residiría el delegado gubernativo, la capital. De esta forma desparecía, por ejemplo, el antiguo Principado de Cataluña sustituido, para disgusto de los catalanistas,  por cuatro provincias, pero también el Reino de Sevilla o el de Granada divididos en tres cada uno, etc. Sin embargo, como la reforma debió parecer muy radical, se optó por superponer a las provincias otra estructura regional que no tendría más función que un supuesto tributo a la historia. Consecuencia de este arreglo entre innovación y tradición fue que se agruparan las provincias del antiguo reino de Sevilla, junto a las del de Granada, más Córdoba y Jaén que antes eran otros dos reinos, bajo la denominación de Andalucía, aunque esta palabra se venía utilizando durante el XVIII para designar sólo al reino de Sevilla, con Córdoba y Jaén ocasionalmente, es decir, la cuenca del Guadalquivir, más la del Odiel–Tinto hasta la frontera del Guadiana. Conviene señalar que aunque las provincias fueron unidades administrativas, las regiones no lo fueron nunca y jamás tuvieron institución alguna de carácter oficial, pero algunas, Cataluña, País Vasco o Galicia, sirvieron de alivio a los nacionalismos locales porque conservaron un recuerdo histórico sentido por la población. No así en Andalucía donde los habitantes del reino de Granada y del de Sevilla no nos consta que se sintieran parte de una misma unidad; no en balde el valle del Guadalquivir se había incorporado a Castilla en la primera mitad del XIII, mientras que el Reino de Granada lo hizo a finales del XV, lo que había producido una evolución diferente.

Remontar el origen de Andalucía a la Bética romana no es más que pura fantasía, como creo haber mostrado, por mucho que se haga así en textos escolares o de otro tipo. Como es fantasía pretender que aquí floreció una civilización protohistórica, Tartesos, para convertirla en la cultura ancestral autóctona. Hoy parece que lo que se ha tomado por huellas de la supuesta civilización no son más (y nada menos) que restos fenicios; que la fabulosa ciudad de Tartesos no se encuentra porque nunca existió; que todo el asunto es fruto de la ansiedad y la imaginación de un famoso arqueólogo que ambicionaba un hallazgo sonado como el de Troya.

Pongamos los pies en el suelo. Celebremos si nos place un día de Andalucía pero sin fantasías históricas, porque no las necesitamos. Como tampoco es necesaria la retórica de la “patria andaluza” que creara Blas Infante en un delirio entre infantil y mesiánico que le llevó, entre otras iniciativas, a diseñar una bandera con los colores de los Omeyas, ahí es nada, y los demás símbolos que suelen utilizar las naciones.

La inflación de patrias que hoy parece estar de moda, no solo en España, contiene demasiados elementos corrosivos sin aportar beneficio visible, como para verla sin recelo. Al menos, que no se basen en el manido recurso de falsear la historia, que de eso ya estamos de vuelta. Por fortuna la fecha que celebramos no tiene nada que ver con ningún suceso fantasmagórico, sino con el día que los andaluces reclamaron en la calle, más o menos inducidos por circunstancias coyunturales, la autonomía plena.

Se vende Estado, muy reformado

En los tiempos de la reunificación de Alemania uno de mis vecinos habituales de vacaciones, empresario alemán, sin hacer la mínima concesión al sentimentalismo por la caída del muro, me dijo: «Hemos comprado a Alemania del Este». Deduje entonces que sus dificultades con nuestro idioma no le habían facilitado la expresión de lo que pensaba. Ahora estoy convencido de que sabía muy bien lo que decía. Ayer un grupo sindicado  del que Alemania es el alma, pero del que formamos parte, si bien como palmeros, ha comprado ciertos derechos sobre Grecia.

Habíamos pensado que la creación de la UE había cambiado a Europa, que ya a nosotros no podían pasarnos las cosas que habíamos visto en el pasado; por ejemplo, que un país perdiera su soberanía o se viera mediatizado por otros al no poder atender a su deuda, o que su moneda se viera zarandeada por la especulación o ciertos intereses políticos económicos  hasta convertirla en papel inservible. La solidaridad entre los socios lo haría imposible. Cierto que algunas cosas han cambiado, pero sólo para que las que de verdad importan no cambien, según el famoso principio lampedusiano.

Los que defienden las tesis y las actitudes del actual gobierno alemán argumentan que de no actuar así, aparte de no salvarse Grecia, serían Alemania, Francia… las que acabarían mediatizadas por… ¿USA? ¿Algún o algunos países emergentes? Y entonces ¿qué quedaría de la UE?

Puede que lleven razón; pero, eso demuestra que la economía, los mercados, los poderes financieros, o como quiera que debamos llamarlos, señorean el Mundo y han sometido con descaro (en situaciones de emergencia no valen disimulos) a la política, es decir a la democracia, a la voluntad popular. En otras palabras, que nada cambió, aunque pareciera que había cambiado todo.

Tan es así que, escarbando un poco, descubrimos que el litigio no es entre estados, ni siquiera entre algunos de ellos y el mercado, esa entidad sin rostro, pese a lo que la superficie parecía decirnos, y es que se invocan en vano, otra vez, los nombres de las naciones. La lucha verdadera se libra entre unas clases que operan desde sus fortalezas de acero y cristal (la Citiy, Wall Street…), con nombres y rostros, y la gente común, de la que se diferencian por la monumental desproporción entre las rentas de unos y las de los otros. 

En otro tiempo la burguesía industrial ostentaba rentas insultantes para los trabajadores de sus empresas, a los que se aplicó la denominación antigua de proletarios, porque como la plebe de la antigua Roma, sólo poseían a su propia prole, que pudiera, explotándola, aliviar la miseria en que les aherrojaba el trabajo industrial. También entonces se recurrió al nombre “sagrado” de la patria para despistar y fragmentar la marea arrolladora del movimiento obrero; con bastante éxito, todo hay que decirlo.

En los últimos años las diferencias de renta se han disparado de nuevo, no son ya menores que las de aquella época. Sólo que entre los explotados ya es imposible encontrar aquel núcleo revolucionario del proletariado, que ha perdido el nombre  y, con él, la conciencia de clase, el arma que ellos emplearon para lograr las conquistas que, con el tiempo, nos confundieron y nos hicieron pensar que la explotación era cosa de otros tiempos.

En esta nueva, o, más bien, rediviva situación los estados han dejado de cumplir la misión de garantes de derechos, que, por un momento, la eclosión ciudadana les había forzado a ejercer, para mostrar con dureza su verdadera naturaleza de siempre: herramienta de los poderosos. Como cualquier utensilio, ellos mismos entran en la subasta.

Aquel empresario alemán de vacaciones que decía que habían comprado a Alemania Oriental no hablaba como alemán sino como empresario capitalista, pero sus palabras eran verdaderas y el tiempo lo ha ratificado. Las lágrimas que se nos escaparon viendo a los berlineses destruir el muro con sus manos también eran verdaderas pero el tiempo las ha convertido en ingenuo sentimentalismo.

Malos tiempos para la enseñanza pública

Vivimos malos tiempos para la enseñanza pública por dos razones, ambas muy graves: la primera, porque desde el poder, dada la coyuntura política actual, no parecen soplar vientos favorables; la segunda, porque las preferencias de la ciudadanía se inclinan cada vez en mayor medida por la privada, hasta el punto de que el porcentaje de los que utilizan la pública se acerca peligrosamente a los que no pueden usar de la privada, por causas económicas o porque no hay un centro disponible en su entorno.

Las razones de la preferencia son múltiples pero una de ellas es el desprestigio de lo público que se ha generado en esta ola neoliberal, que no se limita a la praxis, sino que esparce ideología para todos en abundancia.

Los centros públicos tienen profesores funcionarios y no se gestionan con criterios empresariales. Ambas situaciones despiertan una notable desconfianza en los potenciales usuarios, que ignoran, o quieren ignorar, que, por ser así, los docentes se seleccionan mediante un sistema de concurso/oposición que garantiza su idoneidad y competencia en mucha mayor medida que en los privados; en estos se contrata con criterios empresariales, en el mejor de los casos. Olvidan, además, que la gestión empresarial tiene como objetivo prioritario el beneficio, aunque éste puede quedar matizado por otros de carácter doctrinal, si se trata de un centro de la Iglesia u otra organización que, sin duda, estará fuertemente ideologizada si es que se interesa por la educación.

Uno de los fenómenos que más ha contribuido a colocar la educación pública en la situación actual, al menos la primaria y secundaria obligatoria, es la concertación, sistema que puso en marcha uno de los gobiernos de Felipe González. Seguramente su diseño era congruente con la sensibilidad progresista, pero su práctica ha puesto de manifiesto que se ha limitado a transferir recursos públicos al sector privado sin otra ventaja que la desaparición de un sexismo trasnochado, pero sin que hayan podido ser erradicadas otras discriminaciones y deficiencias, que el usuario común no encuentra aberrantes si se pueden torcer en su particular beneficio. Un balón de oxígeno para la privada sin mucha justificación.

Hay un aspecto de la enseñanza pública que me interesa destacar: la pluralidad. Los centros públicos tienen una tradición democrática en su gestión que vienen conservando desde los últimos años del franquismo, a pesar de los repetidos intentos de crear un cuerpo de directores que separara a los gestores de los docentes. Además, los profesores se consideran básicamente iguales, y habitualmente se “turnan” consensuadamente en los puestos de responsabilidad sin que las intentonas de crear una carrera docente hayan malogrado apenas tal práctica y sentimiento. Esto, que ocurre a nivel de centro, se repite en los departamentos docentes, donde, si existen diferencias incompatibles, los discrepantes pueden salvar su independencia haciendo uso de la libertad de cátedra, con las debidas formalidades. Todo ello genera un más que excelente nivel de pluralidad, tanto en la acción docente como en las actitudes.

Ni que decir tiene que la neutralidad ideológica no existe, así que el único modo de salvar a los alumnos de un adoctrinamiento injusto y abominable es la pluralidad. La sociedad es plural, y sólo se puede preparar a los chicos para su inserción en ella en la pluralidad. No hay duda.

En los centros privados nunca se dan estas condiciones. De hecho la ley permite que elaboren idearios de centro de acuerdo con la ideología que sostienen las instituciones que los crean y mantienen. Fuerzan a los docentes en una determinada dirección y educan a los niños en un sistema de valores, que, por muy excelente que se crea, da una visión parcial del mundo y priva a los futuros ciudadanos de la capacidad de elegir con criterio. Es decir, entorpece la formación de criterio propio, que, por el contrario, debería ser la máxima preocupación de cualquier sistema educativo.

Curiosamente, esta cualidad de la pública, que por sí sola justificaría su existencia, no es apreciada casi en absoluto. El común de las familias valora más que sus hijos tengan vecinos de pupitre de “buenas familias”, y que les inculquen unos cuantos principios de los que se desgranan en los púlpitos. De hecho el gran peligro para la educación pública no procede del gobierno de derechas que nos hemos regalado, que también, sino de la desafección ciudadana.

Sociedad y democracia

           Las formas tienen en la democracia una importancia sustancial, tanto que sin ellas no la hay. Pero si no existe un trasfondo social y económico de igualdad jurídica y no excesivas diferencias de renta y de oportunidades, las formas se corrompen o se convierten en un cascarón vacío de sentido y contenido. La condición de una sociedad se traslada a los modos políticos confiriéndoles su carácter; por eso, las democracias son adictas a las medidas de igualdad y repelen, si son sanas, aquellas que la contradicen.

            Cánovas del Castillo puso en pie un sistema político, desde 1875, que pretendía trasplantar a España el sistema parlamentario británico que allí parecía funcionar como un reloj. Sin embargo, y a pesar de que desde 1891 incluso se estableció el sufragio universal masculino, el sistema creado nunca fue democrático, sino que derivó hacia un parlamentarismo corrupto, que era un calco del injusto dominio económico y social de las burguesías locales. En sus últimos momentos la confrontación social impulsada por las enormes diferencias de renta fue derivando hacia soluciones revolucionarias o autoritarias (1909, 1917, 1923, 1931), incluso después de que se estableciera con la II República un sistema formalmente democrático (1934, 1936). El peso de una sociedad mal vertebrada fue decisivo para que quedara todo en un experimento fracasado.

Pero aún cuando la democracia sea solida la configuración social y la estructura económica marcan decisivamente su carácter y deriva posterior. Cuando Margaret Thatcher alcanzó la jefatura del gobierno en 1979 heredaba una situación definida por el Estado de bienestar que el laborismo había logrado introducir con enorme éxito en los años de la posguerra. Las convicciones ideológicas de la primera ministra y la coyuntura económica la convencieron de la necesidad de desmontarlo. Para ello emprendió, en primer lugar, una autentica guerra contra los sindicatos, en los que residían los cimientos del sistema socialdemócrata en Inglaterra (el Labour party fue una creación de las Trade unions y no a la inversa, como aquí). La dureza con que hizo frente a la huelga de los mineros durante larguísimos meses le permitió desprestigiar a las organizaciones obreras y desmontar su poder e influencia. La organización de las clases trabajadoras quedó desarticulada y la política conservadora pudo desmantelar sistemática y minuciosamente el sistema de redistribución de rentas con la desregulación social, y el papel de agente económico del Estado con las privatizaciones. Había destruido la base social de todo el sistema del Estado del bienestar para sustituirlo por un modelo neoliberal. Sin esa operación previa hubiera sido imposible, y mucho menos que perdurara; pero así, incluso cuando llego la alternancia política (T. Blair), el nuevo sistema permaneció inamovible; más aún, avalado ahora por el partido laborista.

Felipe González fue contemporáneo de Thatcher cuyas políticas triunfaban entonces y empezaban a ejercer enorme influencia exterior. En su tarea de modernizar el Estado se confundieron ciertos avances sociales con acciones desreguladoras y de demolición de las estructuras económicas del Estado autoritario, pero en exclusivo beneficio del mercado. Las clases que habían sostenido al franquismo y permanecieron expectantes durante la Transición se tranquilizaron, mientras que la izquierda sociológica emprendía un lento desencanto y empezaba a saborear el desconcierto. La  larga permanencia de González se debió a varios factores, uno de ellos que no amenazaba la hegemonía social de los grupos dominantes, ya que las reformas sólo producían rasguños o iban en la dirección de los intereses del mercado. Entre tanto, pudieron dedicarse a consolidar sus armas políticas con notable éxito (creación y consolidación el PP) y sociales, asalto sistemático por vía profesional a la alta administración del Estado (judicatura, puestos clave en la administración…), recuperación y reorganización de la iglesia de corte tradicional (contrarreforma de Woijtyla), etc. El trabajo de fondo estaba hecho el 20N, cuando el PSOE de Zapatero se vio avocado a la gran contradicción final de salvar la economía de mercado, en su versión ultra, sacrificando el bienestar precario de las masas en las que supuestamente se apoyaba.

Sociológicamente la derecha política se encuentra ahora firmemente asentada, ocupando posiciones económicas y sociales clave, lo que se completa con un dominio ideológico desconocido desde la dictadura. La seguridad que se aprecia en el nuevo gobierno procede más de la constatación de esta realidad que de contar con un programa eficaz para salir de la crisis. El verdadero programa es el que, a largo plazo, asentará la hegemonía de la derecha por mucho tiempo, con independencia de que las coyunturas políticas puedan hacer que aparezca en el escenario del poder alguna otra formación que no sea el PP. La crisis pasará, lo sabe el gobierno, y lo que le importa es aprovecharla para que cuando eso ocurra la izquierda sea ya sólo un elemento del paisaje.

Seguramente no habrá un peligro de desaparición para la democracia; pero sí que habrá sido transformada al haberse puesto freno a los procesos de igualdad por aquellos que se resisten a perder su situación de predominio, aupados y coreados por las clientelas políticas que han obtenido mediante un proceso de desideologización y desclasamiento bien ejecutado.

Vivan las cadenas

           El reciente desenlace de las elecciones generales nos ha puesto a todos a pensar, incluso a los socialistas. Desde luego, no hay que esperar gran cosa de una actividad a la que nos entregamos sin el entreno necesario. En este país tal tarea nunca gozó de especial prestigio, como muestra aquella terrible anécdota en que Fernando VII, rey castizo donde los haya, dijo con orgullo manifiesto: Lejos de mí la funesta manía de pensar. A renglón seguido restauraba la Inquisición y masacraba a los liberales, que previamente la habían abolido, y todo ello mientras buena parte de sus súbditos (antepasados nuestros) amenizaban el cotarro al grito de vivan las cadenas, que tampoco está mal. Trapos sucios de una historia a la que se dirigen mis pensamientos con una querencia sospechosa cada vez que me pongo a cavilar. ¿Deformación profesional o imperativos de una edad para la que el futuro ya no es más que el abismo? Igual da. El caso es que no pocas veces encontramos en ella las claves del presente, y si no, legítimo consuelo.

En esta ocasión la he recorrido (a la historia) en busca de los momentos en que la izquierda ejerció el poder y he confirmado, una vez más, que España siempre fue gobernada por la derecha salvo momentos fugaces y contados, condicionados siempre por accidente o causa excepcional.

Cien años atrás reinaba el abuelo del actual monarca con ministerios siempre de derechas, alternando con otros de derechas, y si no, con más de derechas. No desvarío, es que lo que no era de derechas, conservadores, liberales, moderados o ultras, quedaban, no ya fuera del gobierno, sino fuera del sistema. Precisamente la presión sobre el sistema se hizo tan fuerte que para salvarlo se recurrió a la dictadura (1923/30) populista y protofascista de Primo de Rivera. No fue una solución sino un fracaso que arruinó el régimen de la constitución moderada (denominación histórica de la derecha conservadora) de 1876 y de la monarquía.

En 1931 se abre el ciclo republicano con gobiernos de izquierda burguesa, resultado de la reacción frente a la deriva escandalosamente antidemocrática de la monarquía y por la conmoción de su desplome.  Pese a su moderación (de la izquierda) y a la magnitud de la catástrofe que la había llevado al poder sólo lo mantuvieron dos años escasos. Cuando lo recuperó en 1936, en una situación prerrevolucionaria, aún los socialistas sólo se asomaban al poder en algún ministerio y fue preciso que estallara la guerra para que alcanzaran la presidencia del gobierno (Largo Caballero).

Del 36/39 al 75 la derecha en su advocación fascista señoreó el país gracias a la limpieza y pulido que le sirvieron en bandeja sus dos históricos instrumentos, el ejército y la Iglesia, con la colaboración impagable de otros ardorosos voluntarios, por ejemplo, la judicatura.

Como el dictador fue longevo, a su muerte, algunos avisados colaboradores del nefasto régimen ya tenían en mente, y quizás en borrador, la transición hacia un sistema que por lo menos no les sonrojase cada vez que pasaran la frontera. La poca izquierda que había sobrevivido, más la que se había gestado en los últimos años fue incapaz de convencer a los súbditos/ciudadanos de las bondades de la ruptura y se vio forzada a acomodar el paso al de los franquistas reconvertidos: es la transición, tan celebrada, y el santificado consenso.

Hubo que esperar al desmoronamiento de la UCD y a que los nostálgicos herederos de aquellos que gritaban casi dos siglos atras vivan las cadenas, protagonizaran el chusco (que pudo ser trágico) espectáculo de Tejero, Armada, Milán y cía. para que el PSOE alcanzara el poder (1982). Lo insólito es que lo pudiera mantener durante casi catorce años. ¿Podría ser por su gestión moderada y por el inveterado respeto de nuestra ciudadanía a quien detente el poder? La segunda vez en este ciclo se produjo sorpresivamente tras el trágico atentado islamista de Madrid y la escandalosa gestión que de él hiciera el gobierno Aznar en los días finales de la campaña electoral.

Golpes, atentados catastróficos, desmoronamiento del adversario, siempre situaciones excepcionales. Sin duda, será por eso que la derecha no ve la normalidad más que cuando ellos gobiernan, que lo que hay que hacer coincide punto por punto con lo que ellos hacen y que esto no es sino lo que Dios manda.

Por otra parte, quizá también tenga algo de verdad aquello de que la izquierda se corrompe con el poder (al fin y a la postre izquierda implica cambio y el ejercicio del poder invita a actitudes conservadoras), lo que no tiene que suponer que deba conformarse con la oposición, sino que tienen que estudiar nuevas maneras de ejercerlo. Estudiar no quiere decir inventar, puede que ya estén escritas desde hace tiempo y sólo sea necesario releer y actualizar.