Cataluña y el derecho de autodeterminación

Los Estados modernos se mantienen por la voluntad de los individuos y por una inercia histórica e institucional nada despreciable. Algunos pueden tener su origen en un pasado lejano, herederos de construcciones políticas que nada tenían que ver con la voluntad de las personas, caso de las monarquías medievales en las que entroncan muchos Estados europeos de hoy (Francia, España, Reino Unido…); otros son producto de la fiebre nacionalista de los siglos XIX y XX, agregando territorios procedentes de formaciones del Antiguo Régimen (Alemania, Italia…) o segregándolos (Chequia, Hungría…); en otros continentes muchos proceden de territorios coloniales cuyos límites se trazaron arbitrariamente o siguiendo los intereses de las metrópolis y con ignorancia palmaria de las realidades locales. Los sentimientos nacionalistas, que dan cohesión a unos y erosionan a otros, se han ido fraguando a veces a lo largo de generaciones, otras han sido el motor de su creación o, por último, han sobrevenido con posterioridad a la construcción estatal por caminos inesperados y tortuosos.

No hay un modelo sino muchos. Pero, en última instancia, lo único que para una mentalidad moderna y democrática justifica la existencia de cualquier Estado es la voluntad de los ciudadanos. El sentimiento nacionalista puede ayudar o estorbar la formación de esa voluntad, pero no es condición para nada. De lo primero se deduce el derecho de autodeterminación. Como concepto, como principio teórico, todos podemos aceptarlo. La cuestión es cómo y cuándo aplicarlo.

La Carta de las Naciones Unidas lo reconoce como un derecho de los pueblos. Sin embargo, cualquier principio se tambalea sin el sostén de la realidad concreta. Su redacción tuvo lugar justo en el momento en que, agotado el ciclo colonial y cuando se imponía la hegemonía de EE.UU., triunfaba una nueva estructura mundial de acuerdo con reglas económicas, políticas y estratégicas acordes con los intereses de la gran potencia. En la Carta el derecho de autodeterminación está en relación con los pueblos sometidos a control colonial o a dominio no democrático; en absoluto se refería a regiones con aspiraciones secesionistas en Estados legítimamente constituidos; antes bien, en otro lugar, defiende nítidamente su integridad territorial.

Cuenta Solé Tura en Nacionalidades y nacionalismos en España (Alianza Editorial. 1985) que cuando se discutía la Constitución en comisión, el diputado vasco Letamendía presentó una enmienda por la que se establecería un procedimiento para que las comunidades autónomas que lo desearan pudieran abrir un proceso de autodeterminación y, en su caso, acceder a la independencia. A la hora de la votación los diputados catalanistas y socialistas se ausentaron evitando así pronunciarse. De la anécdota deduce las diferentes concepciones del principio de autodeterminación en las distintas opciones políticas: 1) La derecha puede aceptarlo teóricamente pero hace caso omiso de él en la práctica; 2) los nacionalismos moderados de origen burgués  lo defienden y exhiben  para mantener la llama reivindicativa pero en la práctica rehúsan utilizarlo para un proceso secesionista, manteniéndose en una ambigüedad calculada; 3) la izquierda (PCE, PSOE) lo asume como principio democrático y como medio para derrotar legítimamente al separatismo, al que perciben como una perversa consecuencia del nacionalismo; 4) la extrema izquierda y el nacionalismo radical lo defienden como un principio irrenunciable al margen de las condiciones concretas que se presenten  y las consecuencias que entrañe. De la casuística se desprende que la clave del equilibrio está en el centro izquierda.

Desde que Solé Tura escribiera su ensayo la situación ha cambiado sustancialmente. Las autonomías han completado su proceso de maduración, desbordando los límites diseñados por los congresistas constituyentes al generalizarse el tipo máximo reservado en principio para las regiones con fuerte reivindicación nacionalista. La reacción en Cataluña y Euskadi fue el aumento en la presión por el avance en el proceso autonómico, lo que se ha visto frustrado sucesivamente (plan Ibarretche, reforma del Estatuto Catalán) con argumentos constitucionalistas, con lo que la carta magna ha pasado de ser el texto que hacía posible la autonomía a ser la barrera que impide la realización del sueño nacionalista. De aquí se ha seguido una radicalización de las posiciones: la concepción ultranacionalista se ha ido infiltrando en el nacionalismo moderado, a la vez que la derecha centralista lo demoniza cada vez con más convicción. La postura de centro izquierda se ha debilitado lamentablemente: el PSUC desapareció y sus herederos son irrelevantes, mientras el PSC amenaza con romper lazos con el PSOE por el debate interno, que no resuelve el desesperado recurso a un federalismo plagado de ambigüedades.

Así, la ciudadanía catalana sufre los embates del populismo nacionalista; la indignación por los efectos de la crisis económica, que, explicada como resultado de una supuesta expoliación fiscal, permite volver las iras contra Madrid; la frustración por la reforma del Estatuto, amén de la eterna polémica sobre la lengua y la sensación de sentirse poco queridos en el resto de España. Sólo la convicción de que el camino será arduo en la Península y en Europa tras una posible secesión, más la reacción de aquellos que aún se sienten españoles podrá poner fin a esta aventura, que, en todo caso, tendrá largas consecuencias.

Sea cual sea el desenlace del conflicto, al final habremos tenido la oportunidad de aprender un poco más sobre que los principios, por grandes que sean, no pueden aplicarse con olvido de la realidad concreta; entre otras razones porque también ellos son hijos de las circunstancias. Además, y porque las mayorías pueden ser coyunturales, ignorar las fuerzas de la inercia, a las que aludía arriba, conduce a un descalabro ineludible.