Huelga general

Ante la convocatoria de la huelga general han surgido las voces de siempre, que en un intento de descalificación la tachan de política. Incluso la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, en una de sus salidas de tono habituales ha sugerido la conveniencia de prohibir las huelgas generales porque, dice, no tienen objetivos laborales. Casi no merece la pena detenerse en este asunto de la condición política o no de las huelgas, pero lo haré porque del análisis de esta acusación podemos sacar provecho.

La huelga general formó parte del arsenal revolucionario del movimiento obrero, no de sus armas de lucha habituales en la confrontación laboral. En el ideario marxista, cuando las contradicciones  del sistema hubieran llegado a su extremo en el proceso de socialización de la producción y apropiación privada del beneficio, los productores, conscientes de su poder, paralizarían la producción mediante la huelga general, lo que les permitiría tomar las riendas de la situación y expropiar a los expropiadores. Iniciarían así el proceso revolucionario que tendría como meta la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado, ya que si éste es un instrumento en manos de las clases dominantes para afianzar su poder, en una sociedad igualitaria resulta innecesario.

Se explica pues que la huelga general se convirtiera en un mito en el movimiento obrero, un último recurso que sólo había que utilizar en el momento preciso, cuando las condiciones estuvieran maduras, porque su fracaso podía dar al traste con años de lucha. Así y todo, la historia del XIX y del XX, especialmente la primera mitad del siglo pasado, está llena de espejismos revolucionarios y huelgas generales fracasadas. Recordemos la nuestra del 34 que triunfó temporalmente en Asturias y que permitió a la República, circunstancialmente gobernada por la derecha, ensayar procedimientos brutales de represión utilizando a la Legión que comandaba Franco.

Las organizaciones sindicales se institucionalizaron con el paso del tiempo, la evolución en la condición de los trabajadores y la consolidación y ascenso de la socialdemocracia, a la vez que asumían objetivos reformistas, relegando la sustitución revolucionaria del sistema a un horizonte prácticamente utópico. Todos los Estados, conscientes de las ventajas que ello reportaba para la paz social, favorecieron el proceso y legislaron para dar cauce legal a la acción sindical, lo que en tiempos de normalidad económica fue percibido por la mayoría como una conquista más del Estado del bienestar; pero, en la excepcionalidad de la crisis algunos lo han visto como una traición del aparado sindicalista, que se habría burocratizado y permitido su domesticación por parte del Estado burgués. En realidad, muchas de las críticas que sufren los sindicalistas hoy no tienen este tono, que a muchos parecerá retro; antes bien, se limitan a incluir el staff sindical en el grupo que se designa con el genérico de los políticos,  sin más complicaciones. Así, de la misma manera que en el terreno político el movimiento de los indignados ha venido rocambolescamente a engrosar el independentismo catalán hasta desbordar las expectativas de sus promotores, en el terreno laboral hace el caldo gordo al liberalismo, responsable de su indignación, al bloquear a su propia mejor arma: el sindicalismo.

Como tantas cosas la huelga general ha cambiado de significado. Ya no es un instrumento revolucionario, pero sí un recurso excepcional por sus posibles efectos y su coste organizativo, también por sus consecuencias desmovilizadoras ante un eventual fracaso, o su trivialización.

Naturalmente sus objetivos son políticos: pretende cambiar la política laboral y económica en beneficio de las clases cuyos intereses defiende, pero a nadie de la izquierda avergüenza el calificativo de político. La condición de ciudadano implica la de político. Renunciar a la política es renunciar a la ciudadanía. Cualquier reivindicación, incluidas las laborales, es una reivindicación política. No caigamos en la estúpida trampa de considerar la política como el ejercicio vergonzante de una casta profesional, en la que ahora se quiere meter también a los sindicalistas. Tal actitud sólo se explicaría por la ignorancia más contumaz, la complicidad con los poderosos o la asunción de los presupuestos ideológicos de la derecha. El reiterado recurso del gobierno al “sentido común” a “lo que hay que hacer” es una reducción de la política a la condición de mera administración, una negación de las alternativas en función de los diferentes y legítimos intereses, es decir, de la política.

La convocatoria se hace en este ambiente viciado, en donde el ruido altera el juicio e impide distinguir los mensajes salvadores de aquellos que nos dividen, nos debilitan o nos incapacitan cada vez más. Esperemos que al menos sirva para que empecemos a encontrar el camino.