Malos tiempos para la enseñanza pública

Vivimos malos tiempos para la enseñanza pública por dos razones, ambas muy graves: la primera, porque desde el poder, dada la coyuntura política actual, no parecen soplar vientos favorables; la segunda, porque las preferencias de la ciudadanía se inclinan cada vez en mayor medida por la privada, hasta el punto de que el porcentaje de los que utilizan la pública se acerca peligrosamente a los que no pueden usar de la privada, por causas económicas o porque no hay un centro disponible en su entorno.

Las razones de la preferencia son múltiples pero una de ellas es el desprestigio de lo público que se ha generado en esta ola neoliberal, que no se limita a la praxis, sino que esparce ideología para todos en abundancia.

Los centros públicos tienen profesores funcionarios y no se gestionan con criterios empresariales. Ambas situaciones despiertan una notable desconfianza en los potenciales usuarios, que ignoran, o quieren ignorar, que, por ser así, los docentes se seleccionan mediante un sistema de concurso/oposición que garantiza su idoneidad y competencia en mucha mayor medida que en los privados; en estos se contrata con criterios empresariales, en el mejor de los casos. Olvidan, además, que la gestión empresarial tiene como objetivo prioritario el beneficio, aunque éste puede quedar matizado por otros de carácter doctrinal, si se trata de un centro de la Iglesia u otra organización que, sin duda, estará fuertemente ideologizada si es que se interesa por la educación.

Uno de los fenómenos que más ha contribuido a colocar la educación pública en la situación actual, al menos la primaria y secundaria obligatoria, es la concertación, sistema que puso en marcha uno de los gobiernos de Felipe González. Seguramente su diseño era congruente con la sensibilidad progresista, pero su práctica ha puesto de manifiesto que se ha limitado a transferir recursos públicos al sector privado sin otra ventaja que la desaparición de un sexismo trasnochado, pero sin que hayan podido ser erradicadas otras discriminaciones y deficiencias, que el usuario común no encuentra aberrantes si se pueden torcer en su particular beneficio. Un balón de oxígeno para la privada sin mucha justificación.

Hay un aspecto de la enseñanza pública que me interesa destacar: la pluralidad. Los centros públicos tienen una tradición democrática en su gestión que vienen conservando desde los últimos años del franquismo, a pesar de los repetidos intentos de crear un cuerpo de directores que separara a los gestores de los docentes. Además, los profesores se consideran básicamente iguales, y habitualmente se “turnan” consensuadamente en los puestos de responsabilidad sin que las intentonas de crear una carrera docente hayan malogrado apenas tal práctica y sentimiento. Esto, que ocurre a nivel de centro, se repite en los departamentos docentes, donde, si existen diferencias incompatibles, los discrepantes pueden salvar su independencia haciendo uso de la libertad de cátedra, con las debidas formalidades. Todo ello genera un más que excelente nivel de pluralidad, tanto en la acción docente como en las actitudes.

Ni que decir tiene que la neutralidad ideológica no existe, así que el único modo de salvar a los alumnos de un adoctrinamiento injusto y abominable es la pluralidad. La sociedad es plural, y sólo se puede preparar a los chicos para su inserción en ella en la pluralidad. No hay duda.

En los centros privados nunca se dan estas condiciones. De hecho la ley permite que elaboren idearios de centro de acuerdo con la ideología que sostienen las instituciones que los crean y mantienen. Fuerzan a los docentes en una determinada dirección y educan a los niños en un sistema de valores, que, por muy excelente que se crea, da una visión parcial del mundo y priva a los futuros ciudadanos de la capacidad de elegir con criterio. Es decir, entorpece la formación de criterio propio, que, por el contrario, debería ser la máxima preocupación de cualquier sistema educativo.

Curiosamente, esta cualidad de la pública, que por sí sola justificaría su existencia, no es apreciada casi en absoluto. El común de las familias valora más que sus hijos tengan vecinos de pupitre de “buenas familias”, y que les inculquen unos cuantos principios de los que se desgranan en los púlpitos. De hecho el gran peligro para la educación pública no procede del gobierno de derechas que nos hemos regalado, que también, sino de la desafección ciudadana.