Sociedad y democracia

           Las formas tienen en la democracia una importancia sustancial, tanto que sin ellas no la hay. Pero si no existe un trasfondo social y económico de igualdad jurídica y no excesivas diferencias de renta y de oportunidades, las formas se corrompen o se convierten en un cascarón vacío de sentido y contenido. La condición de una sociedad se traslada a los modos políticos confiriéndoles su carácter; por eso, las democracias son adictas a las medidas de igualdad y repelen, si son sanas, aquellas que la contradicen.

            Cánovas del Castillo puso en pie un sistema político, desde 1875, que pretendía trasplantar a España el sistema parlamentario británico que allí parecía funcionar como un reloj. Sin embargo, y a pesar de que desde 1891 incluso se estableció el sufragio universal masculino, el sistema creado nunca fue democrático, sino que derivó hacia un parlamentarismo corrupto, que era un calco del injusto dominio económico y social de las burguesías locales. En sus últimos momentos la confrontación social impulsada por las enormes diferencias de renta fue derivando hacia soluciones revolucionarias o autoritarias (1909, 1917, 1923, 1931), incluso después de que se estableciera con la II República un sistema formalmente democrático (1934, 1936). El peso de una sociedad mal vertebrada fue decisivo para que quedara todo en un experimento fracasado.

Pero aún cuando la democracia sea solida la configuración social y la estructura económica marcan decisivamente su carácter y deriva posterior. Cuando Margaret Thatcher alcanzó la jefatura del gobierno en 1979 heredaba una situación definida por el Estado de bienestar que el laborismo había logrado introducir con enorme éxito en los años de la posguerra. Las convicciones ideológicas de la primera ministra y la coyuntura económica la convencieron de la necesidad de desmontarlo. Para ello emprendió, en primer lugar, una autentica guerra contra los sindicatos, en los que residían los cimientos del sistema socialdemócrata en Inglaterra (el Labour party fue una creación de las Trade unions y no a la inversa, como aquí). La dureza con que hizo frente a la huelga de los mineros durante larguísimos meses le permitió desprestigiar a las organizaciones obreras y desmontar su poder e influencia. La organización de las clases trabajadoras quedó desarticulada y la política conservadora pudo desmantelar sistemática y minuciosamente el sistema de redistribución de rentas con la desregulación social, y el papel de agente económico del Estado con las privatizaciones. Había destruido la base social de todo el sistema del Estado del bienestar para sustituirlo por un modelo neoliberal. Sin esa operación previa hubiera sido imposible, y mucho menos que perdurara; pero así, incluso cuando llego la alternancia política (T. Blair), el nuevo sistema permaneció inamovible; más aún, avalado ahora por el partido laborista.

Felipe González fue contemporáneo de Thatcher cuyas políticas triunfaban entonces y empezaban a ejercer enorme influencia exterior. En su tarea de modernizar el Estado se confundieron ciertos avances sociales con acciones desreguladoras y de demolición de las estructuras económicas del Estado autoritario, pero en exclusivo beneficio del mercado. Las clases que habían sostenido al franquismo y permanecieron expectantes durante la Transición se tranquilizaron, mientras que la izquierda sociológica emprendía un lento desencanto y empezaba a saborear el desconcierto. La  larga permanencia de González se debió a varios factores, uno de ellos que no amenazaba la hegemonía social de los grupos dominantes, ya que las reformas sólo producían rasguños o iban en la dirección de los intereses del mercado. Entre tanto, pudieron dedicarse a consolidar sus armas políticas con notable éxito (creación y consolidación el PP) y sociales, asalto sistemático por vía profesional a la alta administración del Estado (judicatura, puestos clave en la administración…), recuperación y reorganización de la iglesia de corte tradicional (contrarreforma de Woijtyla), etc. El trabajo de fondo estaba hecho el 20N, cuando el PSOE de Zapatero se vio avocado a la gran contradicción final de salvar la economía de mercado, en su versión ultra, sacrificando el bienestar precario de las masas en las que supuestamente se apoyaba.

Sociológicamente la derecha política se encuentra ahora firmemente asentada, ocupando posiciones económicas y sociales clave, lo que se completa con un dominio ideológico desconocido desde la dictadura. La seguridad que se aprecia en el nuevo gobierno procede más de la constatación de esta realidad que de contar con un programa eficaz para salir de la crisis. El verdadero programa es el que, a largo plazo, asentará la hegemonía de la derecha por mucho tiempo, con independencia de que las coyunturas políticas puedan hacer que aparezca en el escenario del poder alguna otra formación que no sea el PP. La crisis pasará, lo sabe el gobierno, y lo que le importa es aprovecharla para que cuando eso ocurra la izquierda sea ya sólo un elemento del paisaje.

Seguramente no habrá un peligro de desaparición para la democracia; pero sí que habrá sido transformada al haberse puesto freno a los procesos de igualdad por aquellos que se resisten a perder su situación de predominio, aupados y coreados por las clientelas políticas que han obtenido mediante un proceso de desideologización y desclasamiento bien ejecutado.