Lo sagrado

            Dice la RAE que sagrado es aquello «digno de veneración por su carácter divino» y más adelante remacha, aquello «digno de veneración y respeto».

 Basta echar una ojeada a la historia para encontrarnos con numerosísimos casos de sacralización de personas o instituciones con la finalidad de hurtarlas a la manipulación popular.

La leyenda bíblica nos muestra a Moisés presentando a su pueblo un código que le habría dictado Dios mismo. El redactor se inspiraba en una tradición mesopotámica, según la cual Hammurabi, rey de Babilonia, recibió la ley (el más antiguo código escrito) del dios Shamash. Los emperadores romanos fueron divinizados en vida, se levantaban templos en su honor y se les rendía culto, no por una megalomanía incurable y recurrente, sino porque era una forma eficiente de hacer respetar al Estado, especialmente en la periferia del Imperio. Los reyes de Israel eran consagrados con la unción del óleo santo, ritual que se transformó, andando el tiempo, en la sagrada coronación o consagración de los soberanos europeos por mano de la Iglesia. La ley o el poder se trasformaba así en algo inamovible, fuera del alcance del pueblo.

Un país tan avanzado como el Reino Unido conserva una monarquía que si bien hace tiempo que perdió toda capacidad legislativa, ejecutiva o judicial, presta su nombre para que se ejerzan estos poderes y tiene una influencia moral incuestionable. Para no perderla se ha tenido buen cuidado en la conservación de rituales y ceremonias fastuosas que harían palidecer de envidia a los faraones. Hoy sólo compite con ella en lujo, aparatosas coreografías y pomposo hieratismo la única monarquía teocrática y absoluta que existe en el mundo civilizado: la iglesia romana. Sus representantes puntuales se presentan en medio de rígido protocolo, revestidos de ropajes anacrónicos,  buscando el impacto que tal “performance” produce en los espíritus. En todos los casos, el objetivo de tan brillante parafernalia es elevarse por encima de la razón y apelar a lo sagrado, que “merece” un marco peculiar.

Sin llegar a estos extremos que rozan lo circense algunas instituciones modernas siguen mostrando hoy esta inclinación hierática. La justicia es una de ellas. Se ejerce en todas partes, siempre que es posible, en escenarios solemnes, mientras sus agentes utilizan ropas y complementos que perdieron hace mucho tiempo su funcionalidad (togas, puñetas de encaje, pelucas, etc.), en un intento de crear la sensación de inmovilidad en el tiempo. El lenguaje que se emplea tiene tendencia a adoptar la forma de una jerga arcaica y pomposa de difícil interpretación para los profanos. Todo contribuye a alejar su ejercicio del común, por mucho que casi todos los sistemas modernos hayan aceptado, aunque sea a regañadientes, alguna forma de jurado popular.

La actitud de C. Divar, presidente del CGPJ, incomprensible para el ciudadano común, tiene explicación porque en su mente conservadora no cabe una fiscalización de actividades y gastos ya que realmente asumió que su función es, de algún modo, sagrada, lo que alcanza a su persona.  Por eso, en lugar de presentar pruebas tangibles de que no ha habido uso privado de fondos públicos, nos ha hecho un informe del estado de su conciencia y de sus sentimientos, dominados por la amargura, según aseguró (ver la idéntica reacción del Papa ante la noticia de la traición de su mayordomo y las intrigas de la curia). Nos dijo además que él es presidente las veinticuatro horas del día, cuando la inmensa mayoría estaríamos contentos si lo fuera ocho horas al día de lunes a viernes, como cualquiera con un trabajo honorable ¿Es normal, salvo en superhéroes, que un septuagenario lleve la máxima responsabilidad del gobierno de los jueces (CGPJ) y la presidencia de la máxima jurisdicción (TS) sin que se le mueva un pelo y aún le quede tiempo para fines de semana de cuatro días? Presiento que antepone una impostada dignidad del cargo, concebido bajo un peculiar sesgo ideológico, a las obligaciones democráticas más elementales.

El respeto a la justicia, a sus representantes y a todas las instituciones del Estado no requiere del manido recurso a la sacralización. Es más, un modo de que todos nos identifiquemos con ellas y valoremos su función en su justo término es que se eliminen las distancias creadas artificialmente por la estúpida manía de valorar más un acatamiento supersticioso que la asunción razonable de su utilidad e inevitabilidad.

De la veneración podríamos prescindir, supongo.