En funciones

La rutina del turno nos había ocultado otra disfunción constitucional que acaba de saltar a la palestra tan pronto se ha descompuesto el paso a dos habitual. En las constituciones similares y próximas a la nuestra la designación por el jefe del estado de un candidato no obliga a éste a presentarse ante el parlamento hasta que haya logrado apoyos suficientes; si no los consigue renuncia. En la nuestra la designación obliga a presentarse y a que empiecen a correr plazos, convirtiendo el rechazo de la cámara en la escenificación de un fracaso. Es lo que ha intentado evitar Rajoy con su espantada. Naturalmente Pedro Sánchez podría hacer igual, con lo que entraríamos en un bucle idiota. Quizás los padres de la constitución (putativos y biológicos, por si no fueran los mismos) estaban tan obsesionados con el turno que ni siquiera contemplaron la posibilidad de que se podía desarticular alguna vez y, entonces, con este texto habría dificultades. Una razón más para la reforma.

El Estado contra Sócrates

En la Atenas clásica la democracia se había desarrollado y profundizando durante cuarenta años hasta que a finales del siglo V antes de nuestra era colapsara como consecuencia de la Guerra del Peloponeso. Esparta, polis que encabezaba la coalición vencedora, propició la formación de un gobierno oligárquico que fue denominado por sus oponentes demócratas “de los treinta tiranos”. En el año escaso de su duración las represalias y la cruel persecución a los demócratas fue feroz, tarea en la que destacó Critias, notable discípulo del filósofo Sócrates, muerto al fin en los altercados que pusieron término al régimen tiránico. Meses después fue juzgado el filósofo por los tribunales, otra vez democráticos, acusado de conducta impía, de corromper a la juventud y otros cargos.

Una ficción necesaria

Con frecuencia he señalado que “la nación” o “el pueblo” son ficciones y he denunciado el abuso que se hace de ellas con habitual desparpajo y sin justificación suficiente. Sin embargo es preciso decir a continuación que son ficciones, a lo que se ve, necesarias para sustentar el entramado jurídico constitucional preciso para armar una democracia. Si echamos un vistazo a las constituciones españolas desde 1812 a 1978 veremos que todas las que presentan una orientación progresista: 1812, 1837, 1869, 1931, 1978, residencian el poder, la soberanía, en la nación o el pueblo españoles. En realidad ese es el primer dato que se considera para homologarlas como democráticas.