El laberinto español

No hay país en Europa que no tenga pleitos no resueltos procedentes de una historia complicada. Los conflictos nacionales en regiones de los Estados actuales son el resultado de un discurrir histórico enrevesado que ha superpuesto y confundido realidades diferentes por interpretaciones anacrónicas, que calaron profundamente en una ciudadanía sensibilizada por agravios o resentimientos seculares. Esta herencia, común a toda Europa, la vivimos en cada rincón del continente de distinta manera; la nuestra no es la mejor.

En Gran Bretaña hubo, como aquí, numerosos reinos medievales, que se redujeron a tres: Inglaterra, Gales, Escocia; integrados al fin en una sola formación. El polo de atracción fue Inglaterra que absorbió primero a Gales (S.XII), después a Escocia (S. XVII). El caso irlandés es más complicado. Las hostilidades fueron muchas y aunque las lenguas no plantearon especiales problemas, sí las religiones, que desde la Reforma fueron el caballo de batalla (presbiterianos escoceses, anglicanos ingleses o católicos irlandeses). Sin embargo, a pesar de haberse vivido duras situaciones, el instrumento que se utilizó siempre fue un tratado (Ley o Tratado de Unión), el más importante el que firmaran el parlamento Inglés y el escocés en 1707. Consecuentemente el nombre del estado británico, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (actualmente), y sus símbolos, reflejan la voluntad de integración en condiciones de igualdad: la bandera (Union Jack) es la superposición de la cruz roja sobre fondo blanco de San Jorge, (Inglaterra); el aspa blanca sobre fondo azul, cruz de San Andrés (Escocia); el aspa roja sobre fondo blanco, o cruz de San Patricio (Irlanda).

Inglaterra es el país de origen del parlamentarismo, y fue la hegemonía del parlamento y la debilidad de los monarcas lo que hizo posible este tipo de fusión igualitaria. De haberse impuesto la voluntad real el resultado territorial hubiera sido, quizá, el mismo, pero con otros modos y bajo otros principios: la monarquía absoluta sólo contemplaba el dominio sin paliativos de territorios y pueblos.

Además Inglaterra nunca precisó una Constitución, le bastaron las leyes que fueron asentando desde la Edad Media (Carta Magna), los privilegios del parlamento (representación ciudadana), y las normas electorales. Cuando los demás copiamos su sistema, a todas luces práctico, se hizo plasmando en una ley suprema derechos, obligaciones y mecanismos institucionales básicos. Un buen procedimiento, pero más rígido, porque a veces la propia constitución se convierte en obstáculo jurídico que traba el desarrollo político ¿No ha ocurrido algo así con la sentencia del TC sobre el Estatut?

España recibió al siglo XVIII con una guerra civil (Guerra de Sucesión) que cuestionó los lazos federales que unían a los Estados peninsulares: Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca por un lado y por otro al resto, asimilados a Castilla desde tiempo atrás. El triunfo militar del pretendiente sostenido por Castilla (Felipe V), conspicuo representante del absolutismo monárquico, supuso la pérdida de su condición juridicopolítica para aquellos, quedando “reducidos a las leyes de Castilla”. No hay tratados de unión entre parlamentos, sino unos decretos reales (Decretos de Nueva Planta) en los que se proclama la soberanía del rey y la pérdida de privilegios (derechos), entre ellos el uso de la lengua propia, alegando el merecido castigo por una presunta rebelión y por derecho de conquista. En España se había impuesto el poder absoluto del rey.

Estos reinos que pasaron de Estados a provincias, especialmente Cataluña, se vieron compensados por la prosperidad que generó la creación de un mercado único y el acceso al americano, hasta entonces vedado a los no castellanos; y como el sentimiento nacional no tenía aún carta de naturaleza se pudieron pasar más de dos siglos sin problemas dignos de mención. Pero durante ese tiempo ocurrió algo decisivo: se produjo una inversión demográfica y económica en la Península, la meseta castellana se despobló en gran medida, salvo Madrid, y el centro de gravedad económico y demográfico se trasladó a la periferia, aunque el político seguía estando donde siempre. Mala cosa cuando alguien se siente protagonista económico y se le ningunea políticamente: tira de historia, recuerda cuando era un Estado (siempre hay motivos para verlo glorioso e identificarse con él), empiezan a doler los desaires y las imposiciones, y si el sistema es democrático y se puede hablar y exigir derechos, se habla y se exige. Normal, si enfrente no estuvieran a la contra los que aún guardan el poso de la España, una, grande y libre; normal si la reclamación de derechos no se hubiera convertido en deseo de ruptura a toda costa. Normal si fuéramos normales.

Pero aquí la unión se hizo manu militari. Quizá muchos españoles no lo recuerden, la mayoría de los catalanes sí. En Cataluña hay una legua propia, lo que a muchos españoles les suena a ofensa. El sistema de las autonomías tuvo como motivación básica el autogobierno catalán y vasco, pero al generalizarse en pie de igualdad (contra lo que dice la Constitución y sin que el TC interviniera en su día) se desvirtuó. Por último, el tribunal, después de marear la perdiz durante cuatro larguísimos años, sale con una sentencia de pata de banco, decimonónica y cegata que no contentará a nadie, pero que emponzoñará más si cabe la situación, cuando lo que tenía que haber hecho era declararse incompetente por razones técnicas (una obviedad) y porque el Estatut había sido refrendado por dos parlamentos y un referéndum.

¿En qué papel queda el poder legislativo (Cortes y Parlament) legítima representación de la ciudadanía, ante la decisión del devaluado y problemático TC?

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