La marca España

Lo que priva hoy es la privatización (disculpad la cacofonía). ¿Qué hacen empresas industriales o de servicios en manos del Estado? Hay que privatizar las que queden. No es que la experiencia de lo ya hecho (casi todo) sea para tirar cohetes, porque básicamente consistió en que monopolios del Estado se han convertido en oligopolios privados, en que bienes de propiedad colectiva están ahora en manos de no se sabe quién, lo que, según algunos, es mucho mejor; pero, hay que privatizar. En esto estuvieron de acuerdo hasta los socialistas: ¿Recordáis el entusiasmo con el que Felipe González y Solchaga desmantelaron el sector industrial público en aquella operación que bautizaron eufemísticamente como “reconversión industrial”? La maniobra fue completada con dedicación ejemplar y maestría incomparable por los gobiernos de Aznar, alcanzando de lleno a los hidrocarburos y las empresas de servicios. El Estado quedó in albis vestimenta, lo que en castellano castizo viene a significar en calzoncillos. De lo que se trata ahora es de vender los calzoncillos… y lo que se tercie.

Los calzoncillos son, por ejemplo, la red de paradores nacionales. El ministro del ramo, cuyo nombre no quiero recordar, nos ha revelado, para escarmiento de los que creen en lo público, que los directivos disponían de coches de lujo, no sé cuantas tarjetas (supongo que no de visita) y un yate. Así que, mejor que poner orden en el supuesto despilfarro, lo que se plantea es vender los paradores. Normal. Puede que los compre un honesto y austero empresario sólo preocupado por crear trabajo, tipo Martín Ferrand, por ejemplo. Normal.

Lo que pasa es que a estas alturas los calzoncillos no dan para mucho; tanto para obtener más como para en el futuro gastar menos, lo que hay que hacer es profundizar y perseverar. Si no queda ropa vendamos la piel, los huesos, las vísceras y todo lo que se cotice en el mercado. Que nadie se alarme, estoy en plan metafórico. Me refiero a la educación, la sanidad, lo que queda de las comunicaciones y el transporte, las pensiones, etc. Los que saben de esto, que, casualmente, son los que ahora mandan porque los hemos votado a la vista de tanto como sabían, están hartos de decirnos que el Estado ni soporta esa carga ni sabe gestionarla bien. Así que, ¿por qué no? Además, ¿a qué escandalizarse? ¿Acaso no hemos privatizado la hacienda manteniendo en marcha el Estado prácticamente sólo con la deuda? Si extendiéramos el ejemplo, “externalizando” la justicia y las fuerzas armadas podríamos prescindir de un ejército de funcionarios, nunca mejor dicho. He leído a economistas que abogan por la privatización de la moneda, lo que, según ellos, eliminaría las devaluaciones, que, añaden, sólo era un medio de extracción ilícita de recursos por parte del Estado a los particulares (en nuestro caso, si no privatizada sí que está ya internacionalizada, que es parecido).

¡Cuánto camino por recorrer!

Se me ocurre que por este procedimiento, al final, el Estado, absolutamente anoréxico, será innecesario amén de inoperante y desaparecerá por sí solo, que era justamente el sueño que acariciaban los marxistas y otros revolucionarios. ¡Los caminos del Señor son inescrutables! La única diferencia es que en un caso los poderes del Estado habrían quedado diluidos en las organizaciones ciudadanas y obreras, utopía de lo más hortera, y en el otro en las corporaciones mercantiles, alternativa  mucho más glamurosa ¿No?

La mula y el buey

La mula y el buey no están en los evangelios por eso un papa tan intelectual como el que disfruta hoy la Iglesia ha decidido retirarlos de la escena. ¿Quién los puso allí? ¿Por qué no un burro y una vaca? Nada es casual. Además, si han perdurado durante siglos en las tablas es porque encajaban en el cuadro, un complemento que cerraba la escena con singular coherencia: ¿Qué mejores acompañantes del reino animal para una pareja que ha concebido y alumbrado sin usar del sexo que una mula, inútil para la reproducción por su condición de híbrido, y un buey, un toro castrado? Hayan sido la intuición popular o la manipulación clerical los responsables de la coreografía, lo cierto es que el anónimo autor era de los que no dan puntada sin hilo.

No voy a echar mi cuarto a espadas por un buey y una mula, pobres animales que dan un poco de grima. Me interesa, sin embargo, lo que el Papa ha considerado “razonable” conservar, alegando que es lo verídico y fundamental. Aún así, pasaré por alto el oscuro asunto de la virginidad de la madre y la concepción por intervención de persona divina, lo mismo de incoherente, porque forman parte del pensamiento mágico, terreno en el que no estoy dispuesto a adentrarme. Me centraré en lo mío, en la historia.

De los cuatro evangelios canónicos sólo el de Mateo y el de Lucas hablan de la Natividad, los dos la relacionan con el rey Herodes y con Belén y el de Lucas dice: Por aquellos días salió un edicto de Cesar Augusto para que se empadronara todo el mundo. Éste es el primer censo hecho siendo Quirino gobernador de Siria. (Luc. 2,1-2)

Hay en el relato datos rastreables. Hagámoslo.

Sin poner en cuestión la buena intención de Lucas habría que decir que la historia, la de verdad, registra la muerte de Herodes para el año 4 a. de C, en cambio Quirino, gobernador de Siria, no se hace cargo de Judea hasta el 6 d. de C (diez años después), porque es en esa fecha cuando el reino pasa a ser administrado directamente por Roma. Ciertamente el gobernador ordenó un censo en su nueva provincia (no Augusto desde Roma) con fines fiscales. Pero, es ridículo que para eso José tuviera que desplazarse a Belén, lugar de origen de sus ancestros, según la más que dudosa genealogía que aporta el evangelista, porque a Roma sólo le interesaban los vivos y sus propiedades y en Belén no poseía ninguna como demuestra que hubiera de buscar posada. De haberse censado lo habría hecho en Nazaret. Por supuesto su esposa, como en toda sociedad patriarcal, no pintaba para nada y no tendría que haberse puesto en camino, mucho menos si estaba a punto de dar a luz. Para colmo, la ciudad de Nazaret, en la que residían, no pertenecía a Judea, sino a Galilea, que tenía otro gobierno y no estaba incluida en los territorios de Quirino, así que, en todo caso, el dichoso censo no iba con él. Lucas ha utilizado elementos ciertos pero los ha puesto en relación de manera equivocada componiendo un relato definitivamente falso.[i]

Mateo también sitúa el nacimiento en Belén a donde acuden unos magos, guiados por una estrella, a ofrecerle presentes. Después la familia se marcha a Egipto huyendo de Herodes; cuando regresan lo hacen a Nazaret por si las moscas. También vale para él el anacronismo de Herodes, muerto cuatro años antes. Respecto a la estrella basta decir que hasta época reciente la biografía de cualquier personaje importante, ya no religioso, se solía adornar con sucesos extraordinarios, entre los que la aparición de una estrella u otras alteraciones cósmicas son de lo más común. Los magos podrían ser los embajadores de Partia (los sacerdotes persas se llamaban “magos”) que acudieron a la inauguración del templo de Jerusalén, pero para eso Jesús tendría que haber nacido bastante antes y haber muerto a una edad cercana a la cincuentena, como, por otra parte, sugiere el evangelio de Juan (Juan 8.57).[ii]

Nada se dice de la fecha del nacimiento. Es obvio que para los primeros cristianos los detalles de la muerte de Jesús eran más importantes que su nacimiento, y no hay constancia de que éste se celebrara en ninguna comunidad. De hecho, fue en el siglo IV, hacia el 354, cuando el papa Liberio fijó arbitrariamente la fecha de la celebración de la Navidad en el 25 de diciembre para oponerse expresamente a la adoración pagana del Sol Invicto (el solsticio de invierno es el momento en que el sol comienza de nuevo a ascender en el horizonte de mediodía) y sustituirlo por la veneración del “verdadero Sol” que es Jesucristo.[iii]

Visto lo cual parece que ni siquiera lo que cuenta el evangelio es lo verídico. Siendo condescendientes podríamos convenir que no es más que un relato metafórico que sugiere una “verdad” inaprensible por la historia y la experiencia humana, con lo cual ya estamos de nuevo en el terreno de la magia… y ahí no entramos. Sólo pedimos que se juegue limpio y que no se nos cuente como algo real a lo que hay que quitar algún aditamento espurio.

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[i] Robin Lane Fox: “La versión no autorizada. Verdad y ficción en la Biblia”. Pags. 26 a 31. Planeta. Barcelona, 1992.

[ii] Opus cit. Pags 32 a 38.

[iii] Antonio Piñero. Blog

Cataluña en la historia peninsular

Es sabido que en muchas comunidades autónomas se han hecho esfuerzos y siguen haciéndose por crear un sentimiento nacional, incluso en aquellas que jamás tuvieron conciencia de unidad (ni siquiera administrativa dentro del Estado) antes de constituirse como tales después de 1978. Para ello se emplea dinero público y se acoplan los programas escolares, como no, tergiversando la historia. Esta manipulación de las conciencias ha hecho cumbre en las comunidades catalana y vasca, pero prácticamente ninguna de las demás se libra de ella. Como ejemplo podría citar la mía propia, Andalucía, caso del que me ocupé en varias ocasiones.

Cataluña y Euskadi son modélicas en el mangoneo histórico, pero tiene una contrafigura igualmente falsa y tergiversadora en los esfuerzos del nacionalismo españolista por reducirlos al absurdo. En la actual contraofensiva ante el nacionalismo periférico, protagonizada por la derecha política y sociológica (hay acción política pero también mediática e intelectual) se está poniendo de moda negar absolutamente que Cataluña haya sido nunca en la historia una entidad política independiente o diferenciada de sus vecinos. Si bien el recurso a la historia para justificar la secesión no tiene demasiado fundamento (menos si ha sido falseada), tampoco es lícito hacer lo propio para negarla.

Cuando en el siglo XI se unieron Cataluña y Aragón, los condados catalanes eran todos ya feudos del de Barcelona que, a esas alturas, no guardaba, ni siquiera nominalmente, relación de vasallaje con el reino Carolingio, del que antaño quizás fueran una marca[1]. Era una entidad soberana aunque regida por un conde.  Curiosamente, en la vecindad y pocos años antes, los hijos menores de Sancho III de Navarra que habían heredado respectivamente los condados de Castilla y de Aragón se auto aplicaron sin empacho el título de reyes, lo que más tarde se repetiría con el embrión de Portugal, entregado como condado por el rey castellanoleonés a un yermo en calidad de dote. Una explicación de por qué el conde de Barcelona no hizo lo mismo entraría en el terreno de las hipótesis: quizás porque no necesitaba, como los anteriores, recalcar su independencia ya que sus lazos de vasallaje con el reino franco se habían desvanecido hacía mucho.

Lo cierto es que la unión con Aragón fue entre iguales (prefigurando la de Isabel y Fernando tres siglos después) en una federación en la que ninguno de los dos Estados perdió personalidad jurídica ni política, aunque desde ahora el título de Rey de Aragón precediera protocolariamente al de Conde de Barcelona. Cuando la gran expansión territorial del siglo XIII incorporó nuevos espacios lo hicieron como nuevos Estados (Reino de Valencia, Reino de Mallorca) en pie de igualdad y reproduciendo el modelo federal que inauguraran Aragón y Cataluña.

En el occidente peninsular la unión entre Castilla y León fue más bien una fusión, sin duda por el carácter más autoritario de los reyes leoneses y castellanos. En contra de lo que pudiera parecernos ahora, el modelo Aragonés no era más “moderno” en su época, sino que obedecía a una sociedad más ligada a las formas feudales, que a finales de la Edad Media estaban ya siendo superadas en todas partes.

En el siglo XV con el matrimonio entre Isabel y Fernando el modelo aragonés de federación se extendió a la relación Castilla / Aragón, manteniéndose vigente durante dos siglos más. Naturalmente la contradicción entre un autoritarismo real creciente y centralizador, a tenor de los tiempos, y el mantenimiento de la tradición confederal generó crisis graves (1640), pero fue el conflicto dinástico de principios del XVIII lo que provocó el estallido del sistema. Entonces los catalanes (también aragoneses, valencianos y mallorquines) lucharon, no por su independencia, como trasluce el discurso  nacionalista, sino por los derechos del pretendiente archiduque Carlos a las dos coronas peninsulares, al que suponían unas intenciones políticas conservadoras de sus estatus. La victoria permitió a Felipe de Anjou (Felipe V), de acuerdo con el derecho internacional al uso, como vencedor, y como soberano ofendido por la acción de sus súbditos "ingratos", cambiar las condiciones del "pacto" que mantenía con ellos, y lo hizo reduciendo los Estados "rebeldes" a provincias, mediante los Decretos de Nueva Planta, uno para cada uno de los antiguos Estados de la confederación.

A nadie que repase, aunque sea someramente, la historia de este país le puede pasar por alto que Cataluña tuvo una entidad política diferenciada durante largo tiempo. Otra cosa es que eso justifique ahora una secesión: en aquellos tiempos los asuntos políticos se  expresaban en términos de súbditos, señores y fidelidades; hoy en los de sentimientos nacionales y voluntad democrática; lo común a los de entonces y los de ahora es la importancia de los intereses. De eso habrá que hablar otro día.

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[1] Provincia fronteriza con estructura militar.

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¿Reformar la Constitución?

En los tiempos que corren lo que impera es el pesimismo y yo no soy inmune a la epidemia. Como cualquier hijo de vecino no veo hoy en el horizonte casi nada más que nubarrones. Últimamente ha entrado con fuerza en el debate sobre la solución a nuestros males la reforma constitucional. No es que esté en contra, porque falta hace, es que no creo que se haga nunca.

Ciertamente las constituciones se reforman. Leí en un artículo reciente que la alemana lleva 60 cambios desde su promulgación y ayer un omnipresente tertuliano, las elevaba ciento y pico. No sé quien lleva razón, lo cierto es que han sido muchas, y no es un caso excepcional. Ocurre cuando la constitución se considera un bien de uso, aunque de peculiares características, y no un objeto de culto.

En toda la historia constitucional de España (doscientos años justitos y nueve constituciones) jamás se reformó ninguna. Aquí siempre hemos preferido estrenar. La actual presenta tantas cautelas para su reforma y un proceso tan complejo y tan costoso políticamente para sus posibles promotores que será muy difícil que un partido en el gobierno la emprenda alguna vez. Por supuesto, por el procedimiento de la iniciativa popular es casi imposible. Alegar en contra la facilidad con la que se hizo la reciente reforma impuesta por la UE es una falacia producto de la demagogia o de la ignorancia; el núcleo duro de la constitución está blindado y bien blindado.

Los españoles tenemos con la democracia lo que ahora se llama un mal rollo. Históricamente sólo hemos gozado con ella idilios brevísimos que siempre terminaron como el rosario de la aurora, y como la constitución es el instrumento legal para su implantación, no podemos evitar convertirla en un símbolo. Así que aquello que se hace para ser manipulado, en el mejor sentido, lo convertimos en intocable; de llave que abra la puerta del progreso, en cerrojo que impide el avance.

La constitución de EE.UU., la más antigua del Mundo, consta sólo de tres páginas manuscritas. Un texto mínimo que, por serlo, tiene poco que se contradiga con los usos de los tiempos modernos. Pero, además, se le han ido añadiendo enmiendas por un procedimiento bastante flexible, que duplican ya el texto inicial. El colmo de la flexibilidad lo tiene la británica que nunca fue escrita. Hay casos para todos los gustos, pero el nuestro empieza a parecer tragicómico.

Cuando la elaboramos, la coyuntura política se movía bajo el peso de una reciente dictadura, que los españoles no sólo no habían sabido sacudirse en cuarenta años, sino que muchos (no diré que la mayoría) se habían identificado con ella. La transición no fue el pecado de los políticos de izquierdas del momento sino imposición de la mayoría de compatriotas que se había manifestado en referéndum contra  la ruptura (Ley para la Reforma Política, 18/11/76), haciendo buena la maniobra que preparaban Adolfo Suárez y los políticos reformadores salidos de la dictadura, que pasaban de vestir los uniformes del Movimiento a liderar el proceso democrático, con el asentimiento de los españoles, todo hay que decirlo. No sugiero que la conversión de aquellos no fuera sincera ni útil, sólo quiero resaltar que fue siempre avalada por las mayorías necesarias.

Lo cierto es que en el Congreso que elaboró la Constitución había: una derecha moderada y reformista (UCD), promotora de la reforma; una izquierda también moderada (PSOE), homologada por la socialdemocracia europea; la derecha franquista de Fraga (AP), un poco acoquinada por la desaparición del padrecito; una izquierda más radical, pero básicamente ocupada en lavar la imagen que le había impuesto la dictadura franquista y la deriva soviética (PCE); y unos nacionalismos, fundamentalmente de derechas, para los que la izquierda había conseguido un respeto por encima de su significación numérica en virtud de ciertos escrúpulos democráticos (CIU, PNV). Con este puzle el consenso estaba cantado.

Hoy la UCD ha desaparecido y la derecha toda está integrada en el PP liderado por la facción que procede de la antigua AP; el PSOE vive una de sus crisis existenciales más profundas, gravemente herido por la desafección de los ciudadanos; el PCE apenas si es visible en una coalición cuyas características más notables son la falta de cohesión y la debilidad; los nacionalismos, en cambio, han crecido desmesuradamente tanto en Euskadi como en Cataluña y prácticamente se han situado fuera del sistema en espera de situar sus territorios fuera de España ¿Quién dice que se dan las condiciones para que se consensúe una reforma de la Constitución? ¿Desde cuándo es posible negociar cuando falta el centro, absorbido en la derecha y dilapidado en la izquierda? ¿Cómo controlar a los nacionalismos desbocados?

Se nos ha hecho tarde otra vez, amigos.

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Otra parida mental a propósito de la crisis

No está en nuestras manos cambiar las leyes físicas que rigen el Mundo, bastante hacemos con intentar conocerlas y comprenderlas. En eso estamos. Los humanos además de estar inmersos en este marco físico somos seres sociales y culturales; es decir, necesitamos cooperar para algo más que la procreación y la crianza, y el resultado de nuestras experiencias vitales, individuales y colectivas, se acumulan formando un acervo cultural que se transmite de generación en generación, transformando nuestro modo de vida y a nosotros mismos. Tenemos historia.

En las relaciones de cooperación/competencia entre individuos y entre grupos y con el medio del que obtenemos recursos se establecen hábitos que se transforman en normas que las regulan. Sin embargo, estas leyes no son como las del mundo físico, son contingentes y heterogéneas, son históricas, es decir, dependen de infinidad de variables que se alteran y cambian en su relación mutua (por algo son sociales) y con el paso del tiempo (por algo son históricas); muy particularmente son deudoras de las relaciones de poder entre sectores de la sociedad. Esto es la economía.

La obtención de recursos requiere unas relaciones de trabajo que han sido históricamente diferentes (esclavitud, servidumbre, capitalismo) y se han relevado unas a otras en función de la tecnología disponible y otras variables. Sin embargo, este movimiento no está predeterminado. Seamos o no conscientes de su existencia y condición puede ser alterado desde la voluntad política forzando un cambio en las relaciones de poder que, a su vez, imponga nuevas normas. A esto llamamos revolución.

Así pues, la economía es la obra del hombre, que no está sometido de manera inevitable nada más que a las leyes físicas. La dinámica de los fenómenos sociales, incluida la economía, se nos presenta como caótica por su impredecibilidad, consecuencia de la multitud de factores que la condicionan. Una de ellos, y no el menor, es la voluntad de los individuos, emanada a su vez de un haz incontable de causalidades. Pero, por ser obra humana, es posible modificarla, detenerla, redirigirla… Lo único que puede impedirlo es la falta de un consenso suficiente. La ideología, que nos da una explicación del mundo y nos proporciona modelos para el futuro, se revela así como decisiva. Cuando las dificultades económicas se generalizan por efecto de la crisis y la ansiedad por el cambio empieza a generalizarse, todavía es necesario que en el interior de cada cual logremos separar las pulsiones que obedecen a nuestros intereses genuinos de aquellas que proceden de la ideología, asumida, aprendida por imitación de grupos hegemónicos, de los que irradiaba con el marchamo de validez universal aunque, en realidad, su utilidad se limitaba a la élite.

Es obvio que la ideología nace de los intereses; pero, en los sectores sociales no exitosos se produce un efecto de imitación de los modelos mentales de aquellos otros que sí triunfaron[i]. De esta manera contribuyen a la permanencia de un sistema que funciona en contra de sus propias necesidades. Sólo es posible desprenderse de tal rémora cuando la crisis profundiza y se alarga más de lo habitual, haciendo intolerable lo que antes parecía sólo inconveniente. Aún así, el malestar que genera la evidencia de la explotación puede quedar sólo en agitación, algaradas y frustración si no existen proyectos alternativos que una minoría consciente y organizada haya elaborado previamente, y si esa minoría no alcanza la credibilidad suficiente para impulsar y liderar. Ese fue el papel histórico de las organizaciones de la izquierda.

Podríamos concluir que: 1) las leyes de la economía que rigen la obtención de recursos, su aprovechamiento y reparto son perfectamente alterables en la proporción y sentido que deseemos; 2)  que la voluntad de cambio se genera y se altera en una amalgama de intereses y de girones de ideología de turbio origen y difícil discriminación; 3) que la espontaneidad revolucionaria encuentra fácilmente el camino del caos a menos que una vertebración orgánica aporte luz en la tarea de discernir los verdaderos intereses y las estrategias oportunas.

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[i] “No exitosos” y “triunfadores” pueden ser sustituidos por “explotados” y “explotadores” en un lenguaje más explicito y sin miedo a ser calificado de ideológicamente sesgado.

¿De quién fiarse?

La troika, ese organismo surgido con la crisis de la deuda griega, portuguesa, etc., compuesto por los países acreedores de la eurozona (todos), el BCE y el FMI, cosechó anoche su enésimo fracaso al no ser capaz, de nuevo, de llegar a un acuerdo sobre las urgentísimas necesidades financieras de Grecia. En medio del bosque de tecnicismos con que los negociadores suelen enmascarar la realidad uno puede distinguir algunas verdades: 1) que el FMI ha mantenido una postura que podríamos calificar de comprensiva (¿Quién que haya seguido en el pasado, nada lejano, sus posiciones ante la crisis latinoamericana podría creerlo?), proponiendo una quita, sin la cual estima que Grecia es incapaz de pagar la deuda; 2) que los países de la eurozona se niegan a la quita (es lo único en que están de acuerdo) y exigen más recortes para garantizar el pago íntegro ¿Qué países de la eurozona?: Alemania, ¡Francia!, ¡¡Italia!!, ¡¡¡España!!! Visto lo cual la postura del BCE me parece irrelevante, aunque no he llagado a leerla, seguramente porque el impacto de lo anterior me había incapacitado para entender nada más.

Debe ser cosa de los políticos y los banqueros, pensé. Al fin y al cabo la cumbre está compuesta en exclusiva por especímenes de ambas especies, y… ya se sabe. La ciudadanía está hasta el coco de unos y de otros y lo demuestra a diario, manifestándose en privado y colectivamente, en los medios y en la calle. Lo que nos lleva a concluir, parafraseando el conocido chiste de las moscas, que no puede ser que millones de personas estén equivocadas a un tiempo.

Lo que pasa es que a renglón seguido leo que las posturas no cambiarán hasta que no se celebren las elecciones alemanas (esto se dice mucho, así que también será verdad), porque Merkel, que, como todo el mundo sabe, es quien maneja la batuta, no quiere arriesgarse a que sus paisanos la boten del gobierno por haber cedido ante los lloriqueos de los griegos, portugueses, españoles y demás irresponsables despilfarradores. Se deduce de lo anterior que una vez celebrados los comicios y ya sin la presión ciudadana, el acuerdo será posible. ¡Claro! Es que la democracia representativa, que dicen que ya no funciona, todavía es capaz de prescindir de un gobernante no deseado aunque sea cada cuatro años. Deduzco que si no hubiera elecciones y las decisiones emanaran directamente y en cada momento del paisanaje, como dicen muchos que debe ser, es obvio que no habría que esperar a nada, ¡ya se habría condenado a Grecia definitivamente hace mucho!

Que alguien me explique ¿De quién no hay que fiarse? ¿De los políticos? ¿De los banqueros? ¿De los paisanos? Empiezo a pensar que de quien no debo fiarme en absoluto es de mí mismo.

Si hubiera alguno de fiar pediría hora al psiquiatra.

Cataluña y el derecho de autodeterminación

Los Estados modernos se mantienen por la voluntad de los individuos y por una inercia histórica e institucional nada despreciable. Algunos pueden tener su origen en un pasado lejano, herederos de construcciones políticas que nada tenían que ver con la voluntad de las personas, caso de las monarquías medievales en las que entroncan muchos Estados europeos de hoy (Francia, España, Reino Unido…); otros son producto de la fiebre nacionalista de los siglos XIX y XX, agregando territorios procedentes de formaciones del Antiguo Régimen (Alemania, Italia…) o segregándolos (Chequia, Hungría…); en otros continentes muchos proceden de territorios coloniales cuyos límites se trazaron arbitrariamente o siguiendo los intereses de las metrópolis y con ignorancia palmaria de las realidades locales. Los sentimientos nacionalistas, que dan cohesión a unos y erosionan a otros, se han ido fraguando a veces a lo largo de generaciones, otras han sido el motor de su creación o, por último, han sobrevenido con posterioridad a la construcción estatal por caminos inesperados y tortuosos.

No hay un modelo sino muchos. Pero, en última instancia, lo único que para una mentalidad moderna y democrática justifica la existencia de cualquier Estado es la voluntad de los ciudadanos. El sentimiento nacionalista puede ayudar o estorbar la formación de esa voluntad, pero no es condición para nada. De lo primero se deduce el derecho de autodeterminación. Como concepto, como principio teórico, todos podemos aceptarlo. La cuestión es cómo y cuándo aplicarlo.

La Carta de las Naciones Unidas lo reconoce como un derecho de los pueblos. Sin embargo, cualquier principio se tambalea sin el sostén de la realidad concreta. Su redacción tuvo lugar justo en el momento en que, agotado el ciclo colonial y cuando se imponía la hegemonía de EE.UU., triunfaba una nueva estructura mundial de acuerdo con reglas económicas, políticas y estratégicas acordes con los intereses de la gran potencia. En la Carta el derecho de autodeterminación está en relación con los pueblos sometidos a control colonial o a dominio no democrático; en absoluto se refería a regiones con aspiraciones secesionistas en Estados legítimamente constituidos; antes bien, en otro lugar, defiende nítidamente su integridad territorial.

Cuenta Solé Tura en Nacionalidades y nacionalismos en España (Alianza Editorial. 1985) que cuando se discutía la Constitución en comisión, el diputado vasco Letamendía presentó una enmienda por la que se establecería un procedimiento para que las comunidades autónomas que lo desearan pudieran abrir un proceso de autodeterminación y, en su caso, acceder a la independencia. A la hora de la votación los diputados catalanistas y socialistas se ausentaron evitando así pronunciarse. De la anécdota deduce las diferentes concepciones del principio de autodeterminación en las distintas opciones políticas: 1) La derecha puede aceptarlo teóricamente pero hace caso omiso de él en la práctica; 2) los nacionalismos moderados de origen burgués  lo defienden y exhiben  para mantener la llama reivindicativa pero en la práctica rehúsan utilizarlo para un proceso secesionista, manteniéndose en una ambigüedad calculada; 3) la izquierda (PCE, PSOE) lo asume como principio democrático y como medio para derrotar legítimamente al separatismo, al que perciben como una perversa consecuencia del nacionalismo; 4) la extrema izquierda y el nacionalismo radical lo defienden como un principio irrenunciable al margen de las condiciones concretas que se presenten  y las consecuencias que entrañe. De la casuística se desprende que la clave del equilibrio está en el centro izquierda.

Desde que Solé Tura escribiera su ensayo la situación ha cambiado sustancialmente. Las autonomías han completado su proceso de maduración, desbordando los límites diseñados por los congresistas constituyentes al generalizarse el tipo máximo reservado en principio para las regiones con fuerte reivindicación nacionalista. La reacción en Cataluña y Euskadi fue el aumento en la presión por el avance en el proceso autonómico, lo que se ha visto frustrado sucesivamente (plan Ibarretche, reforma del Estatuto Catalán) con argumentos constitucionalistas, con lo que la carta magna ha pasado de ser el texto que hacía posible la autonomía a ser la barrera que impide la realización del sueño nacionalista. De aquí se ha seguido una radicalización de las posiciones: la concepción ultranacionalista se ha ido infiltrando en el nacionalismo moderado, a la vez que la derecha centralista lo demoniza cada vez con más convicción. La postura de centro izquierda se ha debilitado lamentablemente: el PSUC desapareció y sus herederos son irrelevantes, mientras el PSC amenaza con romper lazos con el PSOE por el debate interno, que no resuelve el desesperado recurso a un federalismo plagado de ambigüedades.

Así, la ciudadanía catalana sufre los embates del populismo nacionalista; la indignación por los efectos de la crisis económica, que, explicada como resultado de una supuesta expoliación fiscal, permite volver las iras contra Madrid; la frustración por la reforma del Estatuto, amén de la eterna polémica sobre la lengua y la sensación de sentirse poco queridos en el resto de España. Sólo la convicción de que el camino será arduo en la Península y en Europa tras una posible secesión, más la reacción de aquellos que aún se sienten españoles podrá poner fin a esta aventura, que, en todo caso, tendrá largas consecuencias.

Sea cual sea el desenlace del conflicto, al final habremos tenido la oportunidad de aprender un poco más sobre que los principios, por grandes que sean, no pueden aplicarse con olvido de la realidad concreta; entre otras razones porque también ellos son hijos de las circunstancias. Además, y porque las mayorías pueden ser coyunturales, ignorar las fuerzas de la inercia, a las que aludía arriba, conduce a un descalabro ineludible.

Huelga general

Ante la convocatoria de la huelga general han surgido las voces de siempre, que en un intento de descalificación la tachan de política. Incluso la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, en una de sus salidas de tono habituales ha sugerido la conveniencia de prohibir las huelgas generales porque, dice, no tienen objetivos laborales. Casi no merece la pena detenerse en este asunto de la condición política o no de las huelgas, pero lo haré porque del análisis de esta acusación podemos sacar provecho.

La huelga general formó parte del arsenal revolucionario del movimiento obrero, no de sus armas de lucha habituales en la confrontación laboral. En el ideario marxista, cuando las contradicciones  del sistema hubieran llegado a su extremo en el proceso de socialización de la producción y apropiación privada del beneficio, los productores, conscientes de su poder, paralizarían la producción mediante la huelga general, lo que les permitiría tomar las riendas de la situación y expropiar a los expropiadores. Iniciarían así el proceso revolucionario que tendría como meta la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado, ya que si éste es un instrumento en manos de las clases dominantes para afianzar su poder, en una sociedad igualitaria resulta innecesario.

Se explica pues que la huelga general se convirtiera en un mito en el movimiento obrero, un último recurso que sólo había que utilizar en el momento preciso, cuando las condiciones estuvieran maduras, porque su fracaso podía dar al traste con años de lucha. Así y todo, la historia del XIX y del XX, especialmente la primera mitad del siglo pasado, está llena de espejismos revolucionarios y huelgas generales fracasadas. Recordemos la nuestra del 34 que triunfó temporalmente en Asturias y que permitió a la República, circunstancialmente gobernada por la derecha, ensayar procedimientos brutales de represión utilizando a la Legión que comandaba Franco.

Las organizaciones sindicales se institucionalizaron con el paso del tiempo, la evolución en la condición de los trabajadores y la consolidación y ascenso de la socialdemocracia, a la vez que asumían objetivos reformistas, relegando la sustitución revolucionaria del sistema a un horizonte prácticamente utópico. Todos los Estados, conscientes de las ventajas que ello reportaba para la paz social, favorecieron el proceso y legislaron para dar cauce legal a la acción sindical, lo que en tiempos de normalidad económica fue percibido por la mayoría como una conquista más del Estado del bienestar; pero, en la excepcionalidad de la crisis algunos lo han visto como una traición del aparado sindicalista, que se habría burocratizado y permitido su domesticación por parte del Estado burgués. En realidad, muchas de las críticas que sufren los sindicalistas hoy no tienen este tono, que a muchos parecerá retro; antes bien, se limitan a incluir el staff sindical en el grupo que se designa con el genérico de los políticos,  sin más complicaciones. Así, de la misma manera que en el terreno político el movimiento de los indignados ha venido rocambolescamente a engrosar el independentismo catalán hasta desbordar las expectativas de sus promotores, en el terreno laboral hace el caldo gordo al liberalismo, responsable de su indignación, al bloquear a su propia mejor arma: el sindicalismo.

Como tantas cosas la huelga general ha cambiado de significado. Ya no es un instrumento revolucionario, pero sí un recurso excepcional por sus posibles efectos y su coste organizativo, también por sus consecuencias desmovilizadoras ante un eventual fracaso, o su trivialización.

Naturalmente sus objetivos son políticos: pretende cambiar la política laboral y económica en beneficio de las clases cuyos intereses defiende, pero a nadie de la izquierda avergüenza el calificativo de político. La condición de ciudadano implica la de político. Renunciar a la política es renunciar a la ciudadanía. Cualquier reivindicación, incluidas las laborales, es una reivindicación política. No caigamos en la estúpida trampa de considerar la política como el ejercicio vergonzante de una casta profesional, en la que ahora se quiere meter también a los sindicalistas. Tal actitud sólo se explicaría por la ignorancia más contumaz, la complicidad con los poderosos o la asunción de los presupuestos ideológicos de la derecha. El reiterado recurso del gobierno al “sentido común” a “lo que hay que hacer” es una reducción de la política a la condición de mera administración, una negación de las alternativas en función de los diferentes y legítimos intereses, es decir, de la política.

La convocatoria se hace en este ambiente viciado, en donde el ruido altera el juicio e impide distinguir los mensajes salvadores de aquellos que nos dividen, nos debilitan o nos incapacitan cada vez más. Esperemos que al menos sirva para que empecemos a encontrar el camino.

La fe nacionalista

Al poco de aparecer las naciones estado y cuando aún el proceso no había culminado con la eclosión de Alemania e Italia y el desmembramiento de los imperios multinacionales (Austria…),  ya se alzaban argumentos para desenmascarar el invento. Para algunos aquello no era más que atrezo que permitiera seguir la representación de la verdadera historia de explotación de la multitud por una minoría. Proletarios de todos los países, uníos, alertaba Marx después de exponer nítidamente los poderes taumatúrgicos de la burguesía y sus habilidades embaucadoras[1].

Años después (1914) el movimiento obrero y el socialismo fueron sometidos a la gran prueba: o bien, siguiendo el grito de alerta marxiano y actuando como un solo hombre ignoraban las fronteras, detenían la producción de armas y pertrechos de guerra, bloqueaban la movilización de soldados, en definitiva, paraban la guerra como cosa que les era ajena; o bien acudían al reclamo en unión sagrada[2] con sus enemigos de clase y en defensa del santo ídolo alzado por la burguesía: la patria, bajo cuya peana los incrédulos de la nueva fe sólo veían una trama de mercachifles. Como tantas veces, la razón sucumbió frente a la superchería.

Dice Erich Fromm en “Psicoanálisis y religión” que religión es «cualquier sistema de pensamiento y acción compartido por un grupo, que dé al individuo una orientación y un objeto de devoción». Si nos atenemos a esta definición el culto a la nación forma parte, sin duda, del fenómeno religioso. Esto explica que la argumentación lógica no sea una amenaza para él, que las evidencias históricas, antropológicas, económicas, etc. sólo estorben levemente porque pueden solventarse por el procedimiento de alterarlas o ignorarlas. La historia (en general todas las ciencias sociales) no ha dejado de ser manipulada nunca según los intereses dominantes; es más, se inventó como materia escolar para formar conciencias al gusto. En definitiva, la iglesia que maneja cualquier religión acomodará la percepción de la realidad a los intereses superiores del objeto de devoción, en este caso, la nación. Una vez que el número de fieles ha alcanzado su punto crítico, su impulso es imparable. A partir de ese momento, quien lo pastoree puede conducirlo sin problemas al redil o al abismo, bastará con que lo mantenga en el conveniente arrebato místico. Nada más fácil porque existen elementos de enganche en el interior de la psique de cada individuo (Fromm); con las técnicas modernas,  pan comido.

Que los embaucadores con el nuevo/viejo objeto de devoción sean perfectamente conscientes de lo que hacen o que sólo intuyan los “beneficios” del proceso y en parte ellos mismos sufran la alienación colectiva, es secundario. Lo cierto es que el culto nacionalista en el interior de un territorio enmascara a las mil maravillas las contradicciones internas al tiempo que hace visible un enemigo exterior que incita a la unión sagrada.

En la difícil situación que vive España la exaltación nacionalista de Cataluña, liderada por un partido de ideología liberal, permite  la aplicación de su modelo económico en el territorio propio, camuflándolo tras la fiebre independentista de una masa insensibilizada ante todo lo que no amenace su credo, muchas veces recién asumido. Por su parte, el gobierno de España se “beneficiará” también de la crisis institucional y territorial que minimiza la catástrofe económica en la que no cesa de profundizar con suicidas políticas liberales, mientras que la derecha que lo gestiona se envuelve, una vez más, en la bandera, un gesto tan recurrente como aborrecible, desautorizando las críticas a la gestión económica por frívolas e irresponsables.

En el ejemplo que propuse al inicio el movimiento obrero cedió ante los señuelos nacionalistas y la guerra arruinó y masacró a Europa y buena parte del mundo durante una generación entera; pero, salvó al capitalismo, abocado por entonces a una crisis sistémica que parecía definitiva. Quizás era de eso de lo que se trataba.

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[1] Manifiesto del Partido Comunista. 1848.

[2] «En agosto de 1914 los partidos y sindicatos de la izquierda europea abandonaron el discurso internacionalista, de lucha de clases, para abrazar la causa nacional de sus respectivos países. Existía, decían, un interés mayor, más grande que el de la Internacional, que era el del Estado nacional de cada uno.» Jorge Vilches: “Huelga general o Unión Sagrada”.

Coaliciones y consensos

Para hacer frente a la situación que creaba el hundimiento del franquismo tras la muerte del dictador nació el consenso. Fue liderado por una derecha salida del régimen recién desaparecido pero con ideas reformistas y democráticas. Pese a los esfuerzos de la oposición democrática ilegal o tolerada, del movimiento sindical y de los progresistas que se movían en todos los sectores, las mayorías estuvieron con esa derecha reformista de origen franquista en todas las consultas de aquellos momentos decisivos. La debilidad política de unos (izquierda democrática y nacionalismos periféricos), el lastre originario de otros (derecha reformista), la necesidad de neutralizar los restos del franquismo y la ingente tarea que se presentaba de reconstrucción política y económica condujo a un consenso básico para la transición. Por mucho que ahora se critique, fue un logro de la clase política como ha habido pocos en nuestra historia reciente, ratificado y homologado por la acogida mundial y por ser utilizado como referente en la sustitución de muchas dictaduras, personales o de partido, en las postrimerías del S.XX.

En Alemania, en las elecciones del 2005, la aritmética electoral y la necesidad de afrontar de modo definitivo los efectos económicos y sociales negativos de la reunificación indujo a los políticos democristianos y socialdemócratas a componer una gran coalición (Grosse Koalition) entre los dos partidos históricamente antagónicos. Las reformas que la canciller Merkel nos dice que su país ya realizó y que ahora nos exige a nosotros se fraguaron en aquellos años de coalición, 2005-09 (reforma laboral, de las pensiones, etc.).

Fórmulas de colaboración entre partidos antagónicos las ha habido siempre y en todas latitudes a condición de que la gravedad de la situación lo requiriera. En España se ha dado parcialmente para el caso del terrorismo, comprometiéndose la oposición a no criticar la política gubernamental en ese sector, aunque, de hecho, sólo la izquierda la haya respetado.

La situación de España en este momento es muy grave. La crisis económica no requiere comentarios, basta con recordar los cinco millones largos de parados y que estamos pendientes de un rescate cuyas condiciones empeorarán la situación actual y no es ni mucho menos seguro que nos saque del de círculo infernal en que ha caído la deuda. La deriva soberanista en las dos comunidades con fuerte presencia nacionalista amenaza con descomponer el perfil territorial de España de los últimos quinientos años. Pero es que además es posible el contagio en otras comunidades. Hay una crisis institucional que hace tambalear a la monarquía, al Congreso, a los partidos, a los sindicatos… El desprestigio de los políticos y de la política está poniendo en cuestión el sistema mismo de democracia representativa.

Los desafíos a los que ha de hacer frente el gobierno en los próximos meses nos llena de inquietud, pero hace que se nos erice el pelo si pensamos que el gabinete actual se dispone a lidiarlos en solitario, armado de la habitual soberbia de la derecha fundamentalista, si se me permite la expresión, y esgrimiendo el arma de la mayoría absoluta, arma poderosa de saber blandirla. Sin duda su altura de miras llegará hasta ofertar a los demás que se unan al carro, pero callados, o se queden fuera, pero también en silencio, según su concepto demostrado de consenso.

He puesto ejemplos de colaboración comprometida entre contrarios, uno en la España contemporánea y otro en Alemania, protagonizado por la propia Merkel. Ambos surgieron en una situación difícil. ¿No ven los dos grandes partidos españoles de hoy la conveniencia (¿necesidad?) de ensayar uno u otro modelo, o quizás una nueva fórmula? La derecha tiene la responsabilidad de la iniciativa y de hacer posible la incorporación de los demás. El PSOE la de cerrar su crisis interna y aclarar de una vez por todas su discurso económico y territorial-identitario.

La crisis y los políticos

 El sistema económico imperante en cada momento ejerce un dominio incuestionable sobre todos los aspectos de la vida colectiva y penetra en las conciencias individuales modelando su percepción de la realidad y hasta sus éticas personales. Los políticos y las políticas posibles pueden adoptar posiciones críticas con el sistema, pueden ser más o menos reformistas, pero no está en sus manos poner en cuestión el sistema mismo. Para eso se precisa de una gran ruptura social, de una revolución, que sólo puede producirse después de una deriva histórica que haya ido socavando sus cimientos, exacerbando sus contradicciones y alumbrando los principios de nuevas estructuras económicas y sociales.

Todo el mundo está de acuerdo en calificar la crisis actual de sistémica, así que tanto la responsabilidad de los políticos, como su capacidad de superarla, son relativas. En cualquier sistema económico de los históricamente conocidos existen unas clases dominantes que sacan el máximo provecho de las relaciones de producción establecidas y que se resistirán con todos los medios a su alcance a ser desplazadas, o a que los deseos reformistas de los demás grupos pongan en peligro su estatus, esto es lo que el socialismo clásico denominó lucha de clases. Que ésta lucha de clases sea el motor de la historia, como afirma el marxismo, se debe a que su desenlace puede cristalizar un sistema económico o abrir las puertas de otro, generando un cambio  que establezca unas nuevas relaciones sociales y en los individuos una nueva percepción de la realidad, una nueva configuración de su conciencia. La política es un instrumento que puede acelerar o frenar, enturbiar o clarificar. De ningún modo decidir sin el concurso de la multitud de vectores que interactúan en nuestras complejísimas formaciones sociales.

La lucha de clases, por otra parte, es una guerra total. Pueden los grupos dominantes recurrir a la represión pura y simple puesta a su disposición por unas estructuras legales y jurídicas que son criaturas suyas, pero no descuidarán en ningún caso el arma más letal de que disponen: la ideología. Se ha dicho que “la ideología dominante [en una formación social] es la ideología de las clases dominantes”. Hay por tanto una inercia que juega a su favor y que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que los partidos que pudieran adoptar actitudes políticas reformistas son los más castigados por la opinión pública en perjuicio de los conservadores que, obviamente, aceptan y sirven sin reticencias de ningún tipo los intereses de las clases dominantes prácticamente sin disimulo.

En una situación como la actual la negación de la política y de los políticos puede tener sentido a condición de que se entrevea la alternativa de algún nuevo sistema cuyas novedosas estructuras requieran de otros instrumentos de convivencia para los que las fórmulas políticas al uso resulten obsoletas.  No hay tal. El sistema económico no está siendo cuestionado. En estas condiciones el rechazo de la política y de los políticos no es más que una válvula de escape para la indignación popular que viene de perlas para la tranquilidad de los que de verdad mueven los hilos del tinglado, que no se les caerán de las manos y, como mucho, sólo tendrán que cambiar las marionetas.

Convendría tener en cuenta que en la evolución del capitalismo moderno la relativa paz social de que se ha disfrutado se debió a las conquistas de las clases medias y medias bajas sobre el control de la política, mediante la construcción de una democracia representativa que logró implementar las disposiciones que configuraron el estado del bienestar, incorporando a las masas obreras. Por mucho que en la política se haya ido conformando un grupo o clase con intereses propios, siga siendo presa frecuente de la corrupción y se vea mediatizada por la presión de los poderosos, renunciar a ese instrumento es simplemente suicida, y, por supuesto, supone la dilapidación del esfuerzo de generaciones. El desprestigio creciente, ya alarmante, que recae sobre los políticos socava nuestra capacidad de reacción frente a la crisis y nos entrega maniatados al verdadero enemigo.

Podemos terminar con la muletilla tan frecuente en textos sagrados: el que quiera entender que entienda; o con la frase que sirve de título al artículo de J. Mª Izquierdo hoy en El País: A favor de los políticos. Y de que cambien.

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Sobre el mismo tema: …no se meta en política

Federalismo y nacionalismo

El sistema de las autonomías trabajosamente alumbrado por las Cortes fue superado, o se desbordó, nada más empezar a funcionar, de modo que lo que resultó se parece poco a lo que se diseñó y, desde luego, no cumple con aquello para lo que fue creado. Se partía de un Estado centralizado en el que para eliminar la presión de los nacionalismos vasco y catalán se optó por las autonomías, pero dibujando dos niveles, el primero de los cuales utilizaba como fundamento argumentos históricos, tal y como hacía el nacionalismo, mientras que el segundo se justificaba por una mayor eficiencia democrática. Pero muy pronto, desde el caso andaluz, los límites entre ambos se borraron como consecuencia de políticas, que yo calificaría de demagógicas, que apoyaron y amplificaron recelos populares ante lo que se interpretó como un injusto privilegio otorgado a vascos y catalanes solo por acallar la tabarra identitaria. Política que acarreó la previsible frustración de los nacionalistas que de nuevo volvían a ver su “soberanía” igualada a la de aquellos de los que, se suponía, la Constitución los iba a distinguir.

El caso es que el sistema autonómico había sido adulterado según las intenciones iniciales, y su desarrollo posterior, una vez dibujado el mapa territorial -con vergonzosas e inquietantes concesiones a los caciquismos locales (Rioja, Cantabria, Murcia…), todo hay que decirlo- consistió básicamente en una carrera a cara de perro por las transferencias y la financiación, dos cuestiones fundamentales, pero que no habían sido delimitadas con claridad, precisamente porque el sistema contemplaba diversos niveles, casi a la carta. Al fin y al cabo los nacionalismos se basan en una pretendida peculiaridad de sus gentes y territorios.

Habría que concluir que hubo mentes hábiles que lograron un diseño original, basado en lo que la 2ª República había improvisado en momentos difíciles, pero que hubiera requerido que los políticos que lo aplicaron posteriormente hubieran creído en él o hubieran tenido la honestidad de aplicarlo tal cual había sido aprobado, en lugar de intentar neutralizarlo desde el primer momento por la vía de la generalización y la nivelación. No ocurrió así y las consecuencias las sufrimos ahora.

El fracaso del sistema autonómico parece hoy cierto, como evidencia el clamor cada día más audible a favor del federalismo en la izquierda (que conquista poco a poco sectores de la derecha), a la vez que se empieza a hablar “sin complejos” de vuelta al centralismo en la derecha (que conquista, a su vez, sectores progresistas); en ambos casos como respuesta a la escalada nacionalista que tensa la cuerda hacia la independencia.

Obviamente el centralismo no es más que una marcha atrás y no busca una solución sino la negación del problema. No puede confundirse la refutación del argumentario nacionalista con la negación de la existencia de un problema nacionalista, ante el cual, se simpatice o se aborrezca, habría que proponer soluciones constructivas, no el abismo de la nada o la represión. 

Sin embargo, tanto por las manifestaciones de responsables políticos como de gentes de a pie, se me antoja que el supuesto salto adelante que debe significar el sistema federal no sería sino una reedición de lo mismo sólo que a otro nivel. Me explico. La exacerbación del nacionalismo con el Estado de las autonomías se produjo en buena parte por la generalización del sistema, cuando debería haberse reservado a las regiones en las que el sentimiento nacionalista estaba arraigado y constituía un problema político; quizás en las demás hubiera bastado con una descentralización administrativa o poco más, como estaba diseñado en la Constitución. Si el sistema federal va a traer una nueva igualación en competencias y financiación, basado en nuevos principios y con límites claramente acotados, entre todas las comunidades ya definidas en el proceso anterior, nada habremos resuelto. El nacionalismo es indiferente al federalismo, lo que necesita es que se reconozca que ellos no son una región más, sino una nación sin Estado. Así pues, sólo aceptarán estar en pie de igualdad con España, no con cada una de sus partes (regiones, comunidades…); una federación en la que los estados sean Cataluña, Euskadi, quizás alguna más y España.

¿Por qué no empezar a hablar sobre esta base, o con este horizonte?

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NOTA: escribí sobre este tema en repetidas ocasiones, pero de forma muy parecida a la actual, hace ahora dos años, en Malos tiempos autonómicos

 

Independentismo y Constitución

Como otros de su clase, la Constitución española es un texto que fue elaborado por una ponencia que lo llevó al Congreso donde pasó por una comisión y por el pleno, para después ser sometido a refrendo popular. Hay textos normativos, nos cuenta la historia, que llegaron a los sujetos para los que se elaboraron por medios más expeditivos; por ejemplo: Moisés recibió directamente de Jehová las Tablas de la Ley; lo mismo ocurrió siglos antes con el primer código escrito que se conoce, recogido por Hammurabi, rey de Babilonia, de un dios de la ciudad; por último, muchas de las disposiciones por las que se rigen los musulmanes están en el Corán, que contiene lo que el ángel Gabriel, enviado de Alá, dictara a Mahoma. Nuestra ley marco tiene un origen más vulgar y humilde pero aventaja a éstas otras en que, al ser obra humana, es reformable, incluso,  prescindible.

La Constitución es fruto de la voluntad política del pueblo español, es decir, de la mayoría de los individuos que tenemos la condición de ciudadanos de este Estado. Es obvio que su permanencia o su enmienda depende de la misma voluntad. Sacralizarla para convertirla en inamovible no es lo más conveniente que se puede hacer con ella (quizás la revisión más urgente que necesite sea la de aligerar los procedimientos para su reforma).

Los dos sistemas políticos más estables en el ámbito occidental son Reino Unido y USA. El primero carece de un documento constitucional al uso; en su lugar sólo existen algunos pactos entre la corona y el parlamento, entre los territorios que forman la unión, actas parlamentarias de diverso valor y unos usos que se respetan religiosamente como es propio en un sistema jurídico basado en el derecho consuetudinario. Por su parte, Estados Unidos conserva vigente el texto redactado a finales del XVIII, en tan sólo cuatro hojas manuscritas que contienen siete artículos (la española 169), que ha ido actualizándose por el procedimiento de añadir enmiendas (27), alguna de las cuales no pasa de cuatro o cinco líneas. La característica que salta a la vista es la parquedad normativa y la flexibilidad, peculiaridades que el tiempo ha demostrado virtuosas. No se me escapa que también EE.UU. se enfrentó a un  problema secesionista para el que no encontró una solución política, pero en su caso la secesión enmascaraba un enfrentamiento entre dos modos de vida (saldado al final a favor del capitalismo industrial), lo que no es el caso de la España actual.  

Cada país posee su idiosincrasia y la nuestra no tiene por qué ser como la anglosajona, pero deberíamos tener cuidado de que el gusto por la frondosidad y solemnidad de los textos legislativos no produjera el efecto laberinto o callejón sin salida, que con tanta frecuencia nos atenaza, ni que actúe de freno a una evolución necesaria. Pretender zanjar el debate sobre el derecho de Cataluña a la autodeterminación alegando que la Constitución no lo permite y amenazando con el Tribunal Constitucional ni favorece la convivencia ni el respeto a la Constitución y al alto tribunal, ya que, si el clamor por ese derecho es muy amplio, el problema deja de ser jurídico para convertirse en político y entonces lo que habría que hacer es ver si conviene cambiar la ley en lugar de utilizarla como escudo.

Hemos convivido con el “problema catalán” desde finales del XIX y se enfrentó siempre con mano dura (lo más frecuente) o con cierta comprensión democrática, que nunca satisfizo al nacionalismo. Era de esperar que en algún momento se planteara la cuestión secesionista. Que haya sido en coyuntura tan crítica no es casualidad: la crisis es el caldo de cultivo ideal para remover agravios políticos, reales o imaginarios, que tanto da si lo que cuenta es la percepción de los sujetos. Lo sorprendente es que en el gobierno no parezca haber esgrima ninguna, ni improvisada ni preparada, sino tan solo el parapeto de la Constitución y el espantajo del TC. Los problemas políticos requieren negociación: cuando en 1931 cayó la monarquía y en Barcelona Maciá proclamó el Estado catalán, antes incluso de que en Madrid se proclamara la República, Azaña fue a Cataluña y negoció con los nacionalistas, consiguiendo que dieran marcha atrás con la promesa de un estatuto de autonomía. Algo así esperamos de los responsables de hoy, un poco de finezza y la altura de miras suficiente para superar el sectarismo, porque ahora no es la autonomía lo que está en juego, esa baza ya se dilapidó, sino el derecho de autodeterminación.

Crisis, democracia y descentralización

En España la democracia ha ido siempre indisolublemente unida a los procesos descentralizadores del Estado, hasta el punto de que las rectificaciones centralizadoras, ante sus presuntos fracasos, se hicieron una y otra vez por vía autoritaria y desembocaron en regímenes no democráticos, cuando no en pura y simple dictadura. Cada vez que los ciudadanos consiguen ejercer su derecho a decidir surge de modo espontáneo una organización descentralizada del territorio, ya que, automáticamente, deja de ser posible acallar las manifestaciones del nacionalismo periférico.

Nada tiene de extraño esta querencia de la democracia por la descentralización para cualquiera que se moleste en el estudio desapasionado de la historia de este país y en sus condicionamientos geopolíticos; sin embargo, el modelo centralista de organización del poder ha sido tan persistente y reiterativo entre nosotros como fugaces y excepcionales los periodos democráticos. Al fin y al cabo sólo la democracia garantiza el respeto a las minorías, nacionalistas o de cualquier otra índole.

La 1ª República (1873-74), la 2ª República (1931-39) y la Transición democrática (1978…) son los tres momentos en que se alcanzó en España un régimen democrático. El primero, con un experimento federal, termina cuando un destacamento de la Guardia Civil asalta el Congreso y da paso a un régimen parlamentario oligárquico que no se democratiza ni cuando formalmente aprueba el sufragio universal (masculino, naturalmente) y que recuperó el centralismo al que puso la guinda de la supresión de los fueros vascos. El segundo se inicia con la proclamación del Estado catalán, aprueba los estatutos de Cataluña, País Vasco y Galicia, terminando con el golpe militar que entregó el poder absoluto a Franco, que los arrojó a la papelera. El tercero tuvimos la fortuna de que perdurara hasta nuestros días, o el buen juicio y la habilidad de mantenerlo vivo hasta hoy. Profundizó el modelo autonómico de la 2ª República y lo generalizó; pero, en este momento, con el aliento de la crisis, se pone en cuestión su origen (la transición), la forma del Estado (la monarquía), su estructura territorial y hasta la propia existencia de la nación española, sin excluir la democracia representativa en que se fundamenta.

Nadie ignora que las crisis económicas se convierten en crisis políticas cuando son profundas y persistentes. Cualquier aficionado a la historia sabe que en los años anteriores a toda conmoción revolucionaria se detectan siempre crisis económicas profundas. La actual es de tal envergadura que nada tiene de extraño que se cobre tributos políticos y el definitivo puede ser nada menos que el régimen que salió de la Transición, del que nos hemos enorgullecido hasta ahora. Lo que nos alarma a los que fuimos protagonistas de aquel proceso no son los cambios o su aceleración (el cambio es el combustible del progreso), sino que el paisaje al que desemboquemos se parezca a aquel del que salimos en los setenta (reedición del centralismo a costa de conquistas democráticas), o que nos resulte tan poco familiar que nos sea penoso acomodarnos en él (caso de una secesión catalana y/o vasca). Naturalmente, el zarandeo al régimen democrático, la crisis de las instituciones y de los principios y valores que le dan carne tenía que traer un tira y afloja suicida sobre si nos pasamos con las autonomías o si fueron un parche sólo superable con la secesión. Como en la elaboración de ciertas salsas cuyos elementos se mantienen en suspensión, una manipulación inadecuada los ha separado mostrándonos lo peor de cada uno.

La polémica sobre el derecho a la autodeterminación se ha abierto francamente y, de momento, en un esfuerzo por aparentar serenidad, gira en torno a si hemos de priorizar lo jurídico o lo político, y sobre si la separación conviene o no económicamente a unos o a otros; pero, creo que esto es secundario porque lo que está cobrando protagonismo y adquiriendo mucha más fuerza que los argumentos son los sentimientos: frustración, fobias, rencor, envidia, desprecio, miedo… estimulados por el populismo y la demagogia, que en tiempos como los presentes proliferan como la mala hierba. Y todos sabemos que en el terreno de las pasiones los argumentos tienen la firmeza de una hoja que arrastre el viento. Decía Hobsbawm (recién fallecido) en La invención de la tradición: «El estudio intelectual de la política y la sociedad se vio transformado por el reconocimiento de que fuera lo que fuera lo que mantenía unidas a las colectividades humanas no era el cálculo racional de sus elementos individuales.».

Convidados de piedra

«Los grandes problemas no se resolverán con discursos y decisiones tomadas por mayoría […] sino con sangre y hierro...». Fue Bismark, el canciller prusiano, a las puertas de la unificación de Alemania el autor de estas palabras. Ciertamente el objetivo de unir a la multitud de estados alemanes en uno (con la exclusión de Austria) se produjo (1871) tras la sucesión de tres crisis bélicas preparadas y dirigidas a aquel fin. Aunque convendría decir que las guerras del XIX tenían mucho de exhibición de entorchados y ruido de sables, pero en modo alguno se parecían a las confrontaciones del XX, después de que la industrialización alcanzara a la guerra.

Por las mismas fechas en Italia, la otra gran nación en busca de un estado que acogiera a todos los italianos, el pequeño rey de Piamonte, Vittorio Emanuele, jugó también sus bazas con la guerra, la diplomacia y la fascinación que ejerció sobre los demócratas revolucionarios, pero sin someterse a ningún veredicto popular, para lograr un fin semejante en su país.

Estos son dos casos notables por la entidad de los estados creados y por ser los últimos en Europa en alcanzar el estatus de estado-nación, pero lo cierto es que la historia no registra el nacimiento de ningúno de magnitud reseñable por medio del consenso y el ejercicio democrático de las mayorías.

Hoy las riendas de la unificación de Europa no están en manos de mariscales con cascos bruñidos y repujados o monarcas cubiertos de condecoraciones, galones y penachos de plumas, pasaron esos tiempos. Más bien da la sensación de que las riendas andan sueltas, pero, si acaso, son las fuerzas anónimas (o camufladas) del capital las que marcan la dirección. Tampoco el capital es un forofo de la democracia: la tolera, la bordea, la utiliza, pero si el proceso ha de hacerse en interés del capital la democracia será sólo el convidado de piedra. Tal cual en los procesos de unificación de Italia y Alemania.

La construcción de Europa avanza en la compleja dialéctica de mil fuerzas encontradas: los que quieren una Europa democrática y unida pero que, precisamente por demócratas defienden con tacañería ínfimas partículas de soberanía nacional; los que buscan ante todo una Europa que funcione, por lo que anteponen la economía a la política, pero luego echan en falta a la política que ponga a los motores en marcha; los políticos con conciencia y sentido del futuro que no consiguen hacer valer sus propuestas en un bosque de intereses y entelequias, con aquellos que se pierden y nos pierden en el populismo; en fin, el capital en su multiforme presencia que se impone con más fuerza cada día.

Es lógico ante tal confluencia de intereses contradictorios que el  normal estado de la cuestión sea el estancamiento. Sólo las situaciones críticas permiten avanzar porque para superarlas se requieren decisiones excepcionales que ignoren miedos e intereses arraigados Es aquí donde los antiguos metieron la guerra y la diplomacia, los sables y los entorchados, algo que generara un impulso arrollador, arriesgando mucho en el envite, pero que permitiera un salto adelante. Hoy la crisis que padecemos puede hacer lo mismo, generando fuerzas y recursos superadores del inmovilismo,   pero como todas las crisis, económicas, políticas o bélicas, presenta un alto grado de incertidumbre y su solución puede ir en cualquier dirección, incluso en la más inesperada. Lo que los ciudadanos no podemos permitir es que de nuevo triunfen otras fuerzas y estemos allí solamente para aplaudir el resultado final; que en el reparto de papeles nos toque el de clac, pero habiendo pagado la entrada y costeado el espectáculo.

Los convidados de piedra también son del XIX. Estos nuevos tiempos prometían otras cosas, otros modos.

La Stma. Trinidad y la política de austeridad

El dogma de la Trinidad repugna a la razón. No existe ningún recurso racional que pueda hacerlo entender y mucho menos justificar o demostrar. Sin embargo, durante siglos, trinitarios y unitarios se masacraron mutuamente por la prevalencia de sus ideas con el resultado que todos conocemos. Millones de fieles creen en él a pies juntillas y otros muchos lo aceptan sin pararse a pensarlo, porque ya algunos más sabios lo habrán hecho y porque la vida aporta otras preocupaciones perentorias. Con el siglo XXI ya en marcha, el Occidente, la parte del mundo que exportó a todas los rincones semejante galimatías pseudofilosófico, lo mantiene como parte de los cimientos de su civilización, a despecho de la universalización de la ciencia, su obra más honrosa. Asombra pero es cierto.

Ha hecho la humanidad bandera de esperpentos ideológicos de toda laya y han sido seguidos con fanatismo por muchedumbres, que en otros aspectos de sus vidas empleaban la razón de modo natural, por un mecanismo que aún nos resulta impenetrable. La convivencia entre el pensamiento mágico y el racional no se entiende desde el uno ni desde el otro, pero lo cierto es que se manifiesta cotidianamente: alguien puede invocar a la Stma.Trinidad pidiéndole cordura y sentido común para sus decisiones, por ejemplo.

En la antigüedad las religiones, fuentes arcaicas de conocimiento, fueron vivero de dogmas que gestaron banderías para imponerlos a los que no los compartían. En tiempos modernos la ciencia las ha sustituido en parte: en los siglos XIX y XX fraguó el mito de la superioridad de la “raza blanca”, nacido de la errónea observación de la historia y de hipótesis supuestamente verificadas en el ámbito de la etnología y la antropología. En realidad sólo eran maneras de enmascarar intereses. Las catástrofes derivadas de tal dogma han hecho historia, en el peor sentido posible.

En estos días que corren, castigados por la crisis más imponente que hemos conocido, pero, a la vez, más absurda -al menos para los que vinimos al mundo un año que fue llamado, y no por capricho, “el año del hambre”-, nos abate la perplejidad por poco que intentemos ver la luz en las opiniones de unos y de otros. Leo cada día en Krugman, Vicenç Navarro, Juan Torres, el joven economista y diputado Garzón y tantos otros, invectivas perfectamente fundamentadas, impecablemente construidas, contra el “dogma” neoliberal. Una manera de hacer frente a la crisis que la experiencia de situaciones pasadas y de la actual demuestran que sólo sirve para profundizarla. Justifican este empecinamiento en actitudes ideológicas, a despecho de la experiencia y del método científico, no especulativo. Me voy al otro bando, al  blog del colectivo “Instituto Juan de Mariana” que suelo leer a veces por puro masoquismo, que le vamos a hacer, y allí encuentro toda suerte de calificativos para lo que denominan la secta de Keynes, descalificaciones de aquellos que cité antes y loas al libre mercado en un nivel difícil de imaginar.

Quizás el error está en intentar averiguar en quién está la verdad cuando lo que habría que hacer es indagar cuales son los intereses subyacentes. Si los identificáramos con claridad y dado que el entramado político de que nos hemos dotado es aceptablemente democrático, no debería haber mayores problemas. Y sin embargo, los hay. Ahora que decaen las religiones hacemos un credo de una teoría, una iglesia de una escuela académica. El circo sangriento que montaran trinitarios y unitarios se ha transformado en uno, de otra manera cruento, pero igual de absurdo. El entendimiento humano sigue enredado entre la magia y la razón, como en los peores momentos, y nunca dejará de sorprendernos el empecinamiento de tantos en ideas a todas luces alejadas de la razón y el sentido común, como en aquellos tiempos en que se debatía si Dios era uno o trino, o ambas cosas a la vez.