La función pública (1)

La consolidación del Estado moderno a lo largo del XIX y XX se hizo aportando cada vez más servicios a los ciudadanos, así como la garantía de sus derechos, también crecientes. Según la interpretación que había aportado la izquierda revolucionaria el Estado no es sino el instrumento utilizado por las clases dominantes para perpetrar y mantener la explotación del hombre por el hombre. Era posible justificarlo y superar visión tan negativa convirtiéndolo en garante de los derechos de los ciudadanos y proveedor de medios y servicios para una justa redistribución de la riqueza, demostrando así su naturaleza democrática aunque haya sido adquirida tardíamente. Su nueva personalidad apuntaba ya en el XIX, casi paralelamente al proceso de formación, pero no se consolidó hasta el XX, como reacción ante la amenaza revolucionaria y por el acceso de los socialismos moderados (revisionistas) a los gobiernos en Europa. El discurso izquierdista sigue vivo porque continuamente saltan a la vista mecanismos y reflejos que avalan la función denunciada arriba, que, paradójicamente, convive con la de salvaguarda de los derechos y garantía de igualdad que exige la democracia.

La visión que los ciudadanos tienen de la función pública adolece, cómo no, de esta ambivalencia y genera un comportamiento esquizoide ante ella. Las fisuras que surgen por esa actitud confusa son utilizadas sistemáticamente por los intereses privados siempre al acecho de beneficio, como muestran las recientes declaraciones contra los funcionarios del presidente de la patronal, nada sorprendentes, por otra parte.

La actual condición de los funcionarios es heredera de este proceso. En el XIX las administraciones contrataban para las necesidades del Estado a empleados de los que se esperaba lealtad más que competencia. Los cambios políticos, que en el siglo fueron vertiginosos y muy numerosos producían relevos masivos en todos los escalones de la administración, tanto por asegurar lealtades como por colocar a los afines. La literatura del momento recoge la figura del cesante, funcionario que ha perdido el empleo porque los suyos perdieron el gobierno, como una de los más característicos prototipos de la galería social de la época. La situación resultaba insostenible y escandalosa en un Estado de derecho. El intento de despolitizar a la administración profesionalizando la gestión dio lugar al funcionario moderno. Se introdujeron las oposiciones públicas como método de acceso y se aseguró el disfrute de su plaza de por vida (“en propiedad”) para impedir que fueran relevados por motivos políticos y para garantizar su independencia.

Así ha funcionado el Estado español durante más de siglo y medio aunque, naturalmente, determinados intereses hayan intentado muchas veces buscar las vueltas e esta situación. La dictadura franquista hizo una purga masiva de los funcionarios no adictos y creó el Movimiento Nacional, una suerte de partido único que se burocratizó rápidamente y se convirtió en una administración paralela que acabó infestando y politizando a toda la administración del Estado.

La transición no produjo depuración alguna, sino que esperó que fuera recuperando su profesionalización con el ejercicio de la democracia. De hecho la iniciativa de la “reforma democrática del franquismo” había surgido de los escalones altos de la administración del Estado, algunos del Movimiento (Suárez, Martín Villa…). Ciertos sectores, como la administración de la justicia, parecen haberse resentido grave y largamente de la falta de una depuración, pero no ha ocurrido igual en la enseñanza ni, incluso, en la policía y el ejército.

Sin embargo, desde hace cierto tiempo, se está produciendo una nueva colonización o contaminación política de la administración por varias vías. Las remuneraciones no demasiado altas de los cargos públicos, las incompatibilidades con el ejercicio de profesiones o negocios privados y las facilidades para volver al puesto que se ocupaba sin pérdida de derechos en la administración después del ejercicio político, hace que a una buena parte de los parlamentarios españoles los recluten los partidos ahí, en la administración. De hecho la circulación entre los altos puestos de la administración y los ministerios y altas magistraturas del Estado es muy intensa. Esto no sería malo si no fuera porque produce una politización a priori y a posteriori de la administración, que, además, en las capas más altas es casi en exclusiva de la derecha, por razones que son obvias. Por otra parte se ha generalizado en los tres niveles (estatal, regional, local) el nombramiento masivo de consejeros, artimaña para sortear la neutralidad profesional de los funcionarios de carrera, con el consiguiente despilfarro y tergiversación de los valores éticos de la administración pública.

Lo anterior explica que paralelamente al desprestigio de la política se esté produciendo un injusto y suicida descrédito del funcionariado, que encuentra combustible, por una parte, en las acusaciones vergonzosamente interesadas del capital (Rosell) y, por otra, en una equivocada animadversión contra su estabilidad laboral por parte de la mayoría de ciudadanos que no la tienen.