Aparecen las diputaciones provinciales en la Constitución de
1812, aunque sin concreción y como un recuerdo, que aspira a
institucionalizarse, de las juntas o diputaciones de defensa que habían surgido
a nivel provincial por toda España frente a la invasión francesa. Conviene
aclarar que cuando la Constitución del 12 habla de provincias se refiere a 19
circunscripciones, que nombra y que se parecen más a los reinos o divisiones
del Antiguo Régimen que a las provincias actuales. Como es sabido, la
constitución fue abolida sólo dos años después (1814), así que no hubo tiempo
de ponerlas en marcha. Tampoco en el trienio del 20 al 23 en que los liberales
volvieron al poder. Fue en la década de los 30 con el cambio de régimen que
trajo el relevo en la corona y después de que cuajara la división provincial de
Javier de Burgos, cuando, por fin, comienza su andadura efectiva. Junto a los
gobernadores provinciales fueron las dos instituciones que ayudaron a
consolidar la nueva estructura provincial, que caló en la conciencia de los
españoles profundamente hasta el punto de crear una especie de patriotismo
provincial visible todavía hoy. Con todo, la provincia, los gobernadores y las
diputaciones, fueron elementos de un Estado centralista (y racionalista),
heredero a un tiempo de la monarquía borbónica dieciochesca e ilustrada y del
jacobinismo revolucionario francés.
