21 jun. 2016

Las leyes y los reglamentos

Que la reforma de la ley electoral no es una prioridad lo ha demostrado la nueva geografía parlamentaria con la aparición de dos nuevos partidos con gancho y la unión de IU a Podemos. De pronto el sempiterno y escandaloso problema de la proporcionalidad ha desaparecido. Es más, ya hay quien levanta voces defendiendo nuestro sistema que comparativamente con los países de nuestro entorno no sólo no suspende sino que saca nota. Desde luego carece de elementos ‘correctores’ tan brutales o arbitrarios como los de ciertos vecinos, de las complejidades poco justificadas de otros e incluso de la obsolescencia de alguno.


El parlamento Francés cuenta con 575 diputados, el de Italia con 630, el nuestro 350. Es cierto que los dos vecinos tienen una población que roza los 60 millones y nosotros sólo nos acercamos a los 50, pero también es verdad que desde que se aprobó la ley electoral (hace 30 años) la población creció un 25% largo,  y que con mucha menos población la II República tuvo 463 y la monarquía (Alfonso XIII) 436. La Constitución establece una horquilla para el número de diputados entre 350 como mínimo y 400 como máximo; la actual ley electoral escogió el mínimo. Un informe elaborado por la Universidad de Granada en 2009 (GIME'09), cuya lectura recomiendo, coloca el acento en la ampliación a 400 diputados y en el principio de la  doble proporcionalidad, de las circunscripciones y de los partidos. Se trataría de conseguir una mejor distribución territorial de los escaños sin renunciar a las circunscripciones provinciales ‒lo que no podría hacerse sin una reforma constitucional‒ y que ni los partidos pequeños que se presentan en todo el Estado ni los regionalistas o nacionalistas que lo hacen a sólo algunas circunscripciones se vean perjudicados. Todo ello sin renunciar a las correcciones que establece la ley D’Hont para romper la excesiva fragmentación por una proporcionalidad absoluta, lo que en los sistemas parlamentarios dificulta la formación de gobiernos. Completa las medidas con una fórmula de desbloqueo de las listas que parece estar en las expectativas de la opinión pública. Realmente es imposible mejor rendimiento con menor coste político.

Ciertamente una reforma de este tipo sería muy conveniente, pero no imprescindible. Mucho más urgente y necesario para la regeneración política y la recuperación de la credibilidad del sistema es la corrección de una serie de malas prácticas que se han ido instalando en los mecanismos de gobierno por la hiperactividad de partidos megalómanos, que han campado por sus respetos sin control, colonizando cualesquiera sectores de la administración. Utilizar el parlamento, supuesto depositario de la soberanía nacional, como coartada ha sido la práctica corriente; pero, también, paradójicamente, su ninguneo. A nadie escapa que una vez cerradas las elecciones las cámaras son también dominio de los comités partidarios, generalizadamente y sin pudor.

La calidad de la democracia depende mucho más de estas correcciones, para las que no se precisa casi nunca tocar leyes fundamentales sino sólo su desarrollo y reglamentación, de ellas y de las instituciones básicas. Pero esto es precisamente lo que probablemente nunca ocurrirá. Siempre se prefiere situar la batalla en un plano grandilocuente y vistoso que produzca mejores réditos; por ejemplo, la inanidad del Senado ha producido debates y tomas de postura sobre su supresión, en convivencia con la escandalosa incapacidad para acordar una simple reforma reglamentaria.

«Hagan Uds. Las leyes que yo haré los reglamentos» dijo en cierta ocasión el célebre y cínico conde de Romanones. Ha llovido mucho desde entonces pero qué poco ha cambiado.