28 feb 2010

Reflexión para el Día de Andalucía


Hace exactamente treinta años (28 febrero 1980) se celebró el referéndum por la autonomía de Andalucía. En el proceso de la transición española fue un suceso singular que revistió caracteres épicos, y en la memoria de los andaluces que lo vivieron se recuerda así, una de las claves para entender la evolución política de la región desde aquellos días hasta hoy. Épico porque fue la única comunidad que accedió a la autonomía por este procedimiento y porque el gobierno de la nación (UCD), aunque no podía negarlo, por su constitucionalidad indudable, estuvo en contra, promoviendo la abstención que en la práctica equivalía al no (para ganar el referéndum se requería mayoría absoluta en cada provincia, no de los votos emitidos, sino del censo), amén de otras famosas artimañas, que, por conocidas, no expongo ahora.
El Título VIII de la Constitución traza un diseño territorial que el discurrir de la realidad política ha superado, sin que el articulado concebido en su momento por los legisladores haya sido modificado. Ningún otro apartado del texto constitucional parece hoy más obsoleto e inútil que éste, hasta el punto de parecer incompresible, leído desde aquí y confrontado con la realidad presente. Los constituyentes idearon una descentralización asimétrica: la idea era que las regiones consideradas nacionalidades históricas (las que tuvieron estatuto de autonomía con la II República), todas ellas con lenguas propias, tuvieran un acceso rápido y más profundo a la autonomía; para el resto se estableció una autonomía menor; pero, como no parecía muy democrático negar el mismo nivel a las demás si lo reclamaban, se estableció un camino tortuoso y difícil para desalentar cualquier intento. Naturalmente se trataba de dar satisfacción por este procedimiento a los nacionalismos vasco y catalán, básicamente.
En un tiempo mínimo, y sin que nadie lo previera, todo el tinglado descentralizador tan trabajosamente consensuado y minuciosamente expuesto saltó por los aires. Curiosamente, una vez alumbrado el nuevo proceso rompedor, casi todas las formaciones políticas subieron al carro como un solo hombre en un intento de hacerlo suyo, y, por demostrar liderazgo, lo llevaron a sus últimas consecuencias; quien no lo hizo o anduvo remiso sufrió duras secuelas. Así, el caso andaluz fue determinante para la conversión del proceso autonómico en laberíntico.
Como el alma humana es compleja, y mucho más cuando se mueve colectivamente, nunca sabremos si el empecinamiento, el valor, la gesta de los andaluces superando tantas trabas como se le pusieron, fue un sentimiento positivo de colectividad en busca de autogobierno, una sensación también colectiva de agravio comparativo alimentada por un histórico resentimiento hacia regiones más afortunadas que parecían ser tratadas privilegiadamente, o cuál fue la proporción en la mezcla de ambos y, quizá, algún otro componente que ahora se me escapa. Lo cierto es que Andalucía logró la autonomía plena contra todas las previsiones y ante la perplejidad del gobierno y de sí misma, porque superó en los resultados de la consulta a las nacionalidades históricas en plena formación autonómica. A partir de ese momento todo cambió en el proceso autonómico: por una parte, las autoridades se apresuraron a asegurar el máximo nivel para todas («para todos café»), y, por otra, vascos y catalanes emprendieron una pugna por romper ese techo. En la reciente revisión estatutaria (¡todavía sin conclusión!) se ha repetido el mismo esquema: avance catalán y seguimiento, pisándole los talones, de Andalucía y otras Comunidades. La sensación que perciben los ciudadanos no nacionalistas es que estamos ante un proceso perverso que no tiene fin; a la vez, los nacionalistas perciben que siempre hay cotas que alcanzar para ellos, arteramente hurtadas por el centralismo.
Ante los fastos en la celebración del día de Andalucía, la exaltación de la autonomía y hasta de la patria andaluza y sus logros, no puedo por menos que reflexionar si acaso sin la “hazaña” del referéndum andaluz no habríamos tenido la espiral en la que estamos insertos; si acaso no era más acertada la idea de la asimetría; si acaso las partidos que renunciaron en su momento a una tarea pedagógica, que alguien debió hacer, sucumbieron a la tentación del populismo.
Nunca lo sabremos con certeza, pero no deberíamos dejar de analizarlo por si, a lo mejor, pudiéramos encontrarle aplicación al ejercicio.

2 comentarios:

jaramos.g dijo...

Me ha venido de perlas tu artículo, por lo que tiene de completo y detallado recordatorio histórico, entre otras cosas. Creo entrever una preocupación por la situación que ahora atraviesa España en el aspecto concreto de la descentralización administrativa. Comparto esa preocupación, porque creo que en la actualidad la fórmula de las autonomías es más un problema que una solución. Tú propones revisar la legalidad y plasmar la idea primera y genuina de la asimetría. Yo creo que el origen de las dificultades (no sólo de esta índole), cuyas consecuencias se van agranadando año a año, es la existencia de los partidos regionalistas, es decir, los que no tienen otra razón de ser que mirarse el ombligo y engordar cada vez más la panza. Me parece que abordar frontalmente la articulación del país en taifas autonómicas para introducir recortes o "retrocesos" en las cotas de poder es poco menos que imposible, porque sería situarse frente a muchos intereses a la vez. En cambio, redefinir los partidos regionalistas y, por ejemplo, reubicarlos o circunscribirlos a las regiones de procedencia no presentaría tantas dificultades, supuesto que son las grandes formaciones nacionales quienes tienen en sus manos la decisión. Eso no quiere decir que sea una perita en dulce o que sea un camino de rosas. Prueba de ello es que, pese a que mucha gente pide hacer algo, aún no se ha hecho nada.

Arcadio R.C. dijo...

Sí, comparto tu opinión respecto a los partidos de ámbito regional. Su influenca en la vida del Estado es desproporcionada a la envergadura de sus bases. Sin embargo, no creo que la solución para eliminar esta distorsión sea sencilla. Quizá la formula ideal sería mediante una reforma electoral, pero ¿quién la emprendería? ¿Los partidos mayoritarios que han alcanzado el poder precisamente con esta ley? Y son ellos los que tienen la iniciativa legislativa. No, no es facil.
Un saludo.