Corrupción y partidos

        Las oscilaciones del péndulo muestran cómo una masa gravitatoria pendiente de un punto fijo, que ha sido desplazada, al liberarse, no vuelve a su posición de reposo sino a un punto situado a semejante distancia de ésta pero en la dirección contraria. En los hechos sociales suele ocurrir otro tanto. Durante la dictadura los partidos fueron prohibidos y demonizados durante décadas de propaganda encaminada al desprestigio absoluto de la democracia. La Transición elaboró una legislación sobre partidos y un sistema electoral que buscaban su consolidación y fortalecimiento, llevando el péndulo al otro extremo; es decir, permitiendo, aunque no lo buscara, una auténtica “partitocracia”, o sistema en el que los partidos han pasado de ser vía imprescindible para el ejercicio político de los ciudadanos a constituir una barrera para que se ejerza con claridad y limpieza, interponiendo el muro de sus intereses propios. Esto ya es corrupción; pero, lo peor es que por esa puerta entraran otras muchas corruptelas cada vez menos presentables.

La historia de la corrupción política en la democracia y los últimos hechos protagonizados por el PP, así como el desapego creciente y alarmante de los ciudadanos respecto del sistema de partidos, que amenaza a la democracia misma, reclaman medidas que no se limiten a auditorías, comisiones o alguna legislación puntual.

Haciendo un paréntesis habría que decir que la corrupción no nace de la nada. Requiere de una sociedad en la que las exigencias éticas se tambalean y diluyen con extrema facilidad ante la presencia de la mínima dificultad, o una oportunidad de provecho. Necesita del  ambiente en donde el éxito económico tiene tal prestigio que disculpa de inmediato cualquier irregularidad para lograrlo. Prospera en un medio en la que lo público ha sido tradicionalmente campo donde pacen intereses privados de toda índole sin que a nadie escandalice. Sin duda la herencia moral que dejó la dictadura unida a los “mandamientos” del neocapitalismo tienen su peso.

Entre las propuestas de medidas salvadoras que se escuchan son frecuentes las que se refieren a la ley de partidos, a la ley electoral y al control de las cuentas.

No me cabe duda que llenar de contenido la ley de partidos  (hasta ahora no tenía objetivo mayor que la lucha antiterrorista), es una necesidad. Se requiere que las exigencias de funcionamiento democrático no emanen sólo de los reglamentos internos. Pero, sobre todo, siempre me pareció que en un sistema parlamentario como el nuestro sería muy deseable que la dirección del partido no recaiga nunca sobre la misma persona que dirige el gobierno. El hábito de que el líder del partido sea el candidato a la Jefatura del Gobierno conduce a que su grupo parlamentario adquiera los modos de una marioneta, lo que contribuye al desprestigio de las cámaras y socava gravemente una de las funciones clave del Parlamento, el control del Gobierno; lleva, además, a un cesarismo innecesario y nada estimulante para la vida política democrática.

Se habla insistentemente de la necesidad de las listas abiertas para que los electores puedan descartar a los que no deseen de las candidaturas de los partidos. No estoy en contra, pero dudo de que tenga efectos tan benéficos como se le supone. Hoy el Senado se elige con listas abiertas  lo que no impidió que Bárcenas fuera varias veces el senador más votado en Cantabria, aunque nadie lo conocía en la región, según cuenta su expresidente M. A. Revilla.  El secreto radicaba en el orden alfabético de las papeletas que lo colocaba el primero entre los del PP. Aunque pocos se toman en serio al Senado, la anécdota es significativa. Mucho más importante que las listas abiertas es, a mi juicio, que los distritos sean más pequeños para que se evite la figura del candidato desconocido y al que es imposible pedir cuentas de su gestión en esta especie de representación impersonal. Los distritos provinciales, por su tamaño, contribuyen además a primar a los territorios sobre la población, favoreciendo a las zonas rurales (desertizadas) sobre las urbanas (superpobladas).

El Tribunal de Cuentas es un excelente instrumento de control si tuviera la dotación suficiente y no cayera en la rutina de centrarse en que las cuentas cuadren, sin profundizar más, lo que parece ser la situación real. Con frecuencia la rigidez de las exigencias reglamentarias induce a los responsables de organismos e instituciones públicas a recurrir a pequeñas irregularidades ante el afán por cuadrar sus cuentas, lo que parece satisfacer, sin más, a quienes ejercen el control. No hay más corrupción por la integridad moral de la inmensa mayoría de los funcionarios, pero las condiciones no son las óptimas para impedirlo. La financiación ilegal de los partidos utiliza los mismos resquicios sin el freno ético de los funcionarios. Se requiere un cambio en los modos, más que crear nuevos organismos, y dotar sin tacañería de dinero y funcionarios a los que ya existen.

La democracia es el único modo civilizado de gestionar los conflictos de intereses colectivos y de compaginar los privados con los públicos. No la pongamos en peligro por no hallar el sitio adecuado para los partidos, que, por otra parte, son imprescindibles. El movimiento pendular (rechazo/ exaltación /rechazo), que seguramente es inevitable, debe reducirse; ambos extremos son nefastos.