Corruptos, profesionales, políticos y funcionarios

El ejercicio del poder requiere de un ejército de administradores que materialicen sus decisiones, pero la alternancia política que trajeron las nuevas fórmulas parlamentarias en los comienzos del modelo suponía el relevo sistemático del personal administrativo como corolario del turno político y para asegurarse su fidelidad. El caos y las oportunidades de corrupción que generaba esta práctica empujó a que se encontrara un medio para profesionalizar la administración evitando su politización: en el XIX se puso en marcha el sistema de oposiciones para los funcionarios y la garantía del ejercicio de su puesto de trabajo a perpetuidad (‘en propiedad’). Con todos los defectos que acarrea y las reticencias que despierte, el sistema ha funcionado hasta el punto de que la nueva oleada de corrupción ha sido posible porque los detentadores de parcelas (o parcelitas) de poder han encontrado vías para orillarlo, no porque él mismo se haya corrompido. Y desde luego, para un país que valora tan poco la profesionalidad, fue un hallazgo histórico.

La administración, como la justicia, el ejército o la policía son aparatos del Estado. Con la caída de la República la dictadura los purgó y los politizó como corresponde a un Estado totalitario, pero sin cambiar su método de reclutamiento. La Transición se abstuvo de purgas compensatorias, pero lógicamente las nacientes fuerzas políticas que reconstruían el Estado democrático recelaban de sus componentes. Esa actitud fue una de las razones que dieron a los partidos políticos en el nuevo orden constitucional un protagonismo que hoy podemos valorar de excesivo.

Algunos de esos aparatos se adaptaron a la vida democrática sorprendentemente bien ¡Quién hubiera soñado en aquellos años un cambio tan radical como el que se ha producido en el ejército y las fuerzas de seguridad! Más reticencias ha habido en la justicia pese a sus raíces en la excelencia académica que podrían haber supuesto lo contrario. En la administración a cualquier escala, nacional, regional o local se puede decir que ha predominado la profesionalidad.

La desconfianza que señalaba arriba y otras motivaciones menos lícitas, o menos confesables, han llevado en todas las instancias de poder al uso y abuso de personal de confianza en concepto de asesores y nombramientos discrecionales para tareas que podrían desempeñar funcionarios, que cuentan con la necesaria profesionalidad, pero sin la lacra del vasallaje. Se ha producido así un encarecimiento considerable de la administración: para estos sumisos burócratas no hay límite en su número, ni en sus emulementos, tan discrecionales como su selección y nombramiento. Los gobernantes, aún en los nivele más ínfimos, se sienten así sátrapas rodeados de su corte, en donde han situado a sus fieles, y, de paso, driblan los estorbos que puedan surgir de la profesionalidad de los funcionarios (véase el caso de los secretarios de ayuntamiento, que tan bien explica Muñoz Molina en su excelente ensayo “Todo lo que era sólido”. Seix Barral, 2013). Si a esto unimos que una buena parte de los políticos en ejercicio proceden de puestos altos de la administración (el ejercicio de la política no es interesante para los que han hecho o aspiran a hacer carrera en el mercado), la politización de la administración es doble, o penetra por una doble vía.

La politización partidaria no sólo es deslumbradoramente visible en ciertas altas instituciones (CGPJ, TC, RTVE, etc.). El caso que ha resultado paradigmático por el pozo de corrupción  y quiebra económica en que ha desembocado es el de las cajas de ahorro, que ha estado a punto de provocar la quiebra del Estado y que no sabemos hasta cuando estaremos pagando; aparte de haber acarreado la pérdida de un instrumento financiero de carácter popular difícilmente sustituible por el gran capital que se ha señoreado del sector, ya sin réplica posible.

Las armas que se dieron a los partidos políticos en la Transición, por la necesidad de fortalecer una institución necesaria en la política democrática que había sido liquidada durante la dictadura y demonizada y desprestigiada por la sistemática propaganda del régimen, se ha convertido andando el tiempo en el más eficaz instrumento para colonizar cualquier institución de la sociedad civil. Las consecuencias han sido el hartazgo de la política y la corrupción.

No sé cuáles pueden ser las soluciones, pero me temo que no se trata tanto de idear nuevos artilugios legales (alguien dijo que los estados más corruptos son los que disfrutan/sufren una más profusa legislación), como de recuperar la confianza en los profesionales y limitar nítidamente el ámbito de la política. A primera vista esto suena a la clásica receta liberal, soy consciente, pero…