Hablemos claro

Los eufemismos tienen la función de orillar expresiones políticamente incorrectas o que han evolucionado hasta convertirse en inconvenientes. Así los decimonónicos ministerios de la guerra pasaron a denominarse del ejército y, más tarde, de defensa; lo hicieron con la misma velocidad que la guerra perdía su prístino prestigio – de única actividad honorable para un noble en el Medievo a plaga generada por genocidas oportunistas− y fue ganando posiciones la paz en la mentalidad colectiva. Naturalmente el proceso de paulatino protagonismo de la ciudadanía en la política no es ajeno al cambio, pero eso es otro asunto; la cuestión es que una institución cuyo fin era prepararse para la guerra devino impresentable, a no ser que fuera sólo para defenderse.

Hoy, el eufemismo de moda, con el que se nos aporrea a diario, es el famoso ‘derecho a decidir’.

Hace poco, desde que terminara la Segunda Guerra Mundial, se habló mucho de autodeterminación. Las Naciones Unidas lo recogieron como derecho fundamental de los pueblos. Se vivía una situación paradójica: habían triunfado las naciones democráticas y la victoria se entendió que era de la democracia; sin embargo, esos mismos países tenían bajo su tutela, y explotaban, a una infinidad de pueblos, algunos de los cuales habían constituido estados organizados en el pasado o eran portadores de un rico pasado cultural. En cualquier caso negarles el derecho a la autonomía política era racional y éticamente insostenible. El derecho de autodeterminación se impuso y el proceso de descolonización se disparó hasta su liquidación en los sesenta, con algunos flecos en los primeros setenta (Portugal).

Por entonces, muchas nacionalidades sin Estado de la antigua Europa empezaron a reclamar tal derecho para sí mismas, poniendo en cuestión la unidad de estados a veces con siglos de existencia. En España el periodo crítico de la liquidación del franquismo fue el campanazo de salida para vascos y catalanes. Estuvo claramente presente en la lucha democrática de la transición en alianza con las demás fuerzas populares del Estado: de hecho, se puso de moda hablar del Estado en lugar de España, un eufemismo que ponía de manifiesto la complicidad de los demócratas con los nacionalismos. Personalmente en aquellos años estaba convencido del derecho a la autodeterminación de cualquier comunidad cohesionada que lo reclamase masivamente y, por supuesto, con sus antecedentes históricos, el de vascos y catalanes. Era una actitud tan frecuente en la izquierda que se puede decir general. Reconozco ahora que en el fondo todos estábamos convencidos de la bondad de una eventual consulta pero también que, de producirse, arrojaría un resultado contrario a la independencia.

 Solé Tura, catalán y comunista, representante del PCE en la comisión que redacto la Constitución, fue uno de los creadores de la arquitectura autonómica, que tuvo la virtud de evitar algún referéndum de autodeterminación. Años después justificó su postura contraria a este principio que respetaban muchos izquierdistas en un libro: Nacionalidades y nacionalismos en España. Recuerdo haberlo leído con sumo interés y acabarlo más convencido del derecho a la autodeterminación que cuando lo empecé, justo lo contrario de lo que pretendía el autor. El problema es peliagudo y no parece tener una solución clara y terminante.

La solución autonómica resultó un fiasco para los nacionalismos, por la praxis política, no por defectos en el diseño desarrollado en la Constitución, según he argumentado en otros artículos, pero un fiasco al fin y al cabo. Hoy ya no es nada seguro que una eventual consulta se liquidara con un no, sobre todo en Cataluña. Quizás porque estoy convencido de ello, ya no me parece tan incuestionable el derecho a la autodeterminación. Encuentro frívolos argumentos que en otro tiempo me parecían sólidos y eso me desconcierta, porque parece mostrar que, efectivamente, las emociones manipulan la razón. Desde luego, en todo caso, maldigo a quienes han desperdiciado una oportunidad histórica, estén a la derecha o a la izquierda, sean políticos o ciudadanos corrientes, españolistas o catalanistas, porque de todo hay, los he visto, los he oído, los he soportado…

Toda este proceso es amargo; pero, lo que me resulta especialmente irritante es la utilización de ese nuevo eufemismo: ‘el derecho a decidir’, impreciso, ambiguo y equívoco, con el que los soberanistas –otro eufemismo que sustituye a nacionalistas −pretenden hacer ver que se les niega el ejercicio de la democracia. Empeñó tan ridículo como, en el otro lado, hacer creer que sobre la independencia de Cataluña deben decidir los no catalanes, o la cargante e indigesta metáfora del suflé.

Mi opinión es perfectamente prescindible, por irrelevante, pero no me resisto a dar testimonio de ella: aceptaría sin rechistar el derecho a la autodeterminación a condición de no oír más eufemismos ingeniosos ni agudas metáforas. Hablemos claro de una puñetera vez, sin épica ni lírica; dejemos a un lado el arte dramático y usemos desnudo el leguaje de la razón y los intereses. A lo mejor así nos entendemos.