Gobernar para tontos

El ADN de un gobierno no se obtiene apriorísticamente de su programa sino de su acción legislativa; sin embargo, es revelador analizar, aparte el contenido de las leyes, algunas cuestiones que pueden parecer, por lo marginales, desechables. Me refiero a factores derivados de la mecánica parlamentaria, del análisis de la opinión pública, etc.

La observación del parlamentarismo británico durante el XIX nos proporciona datos curiosos. Disputaban dos grandes partidos: “whig”  liberal y “tory” conservador. Por poco que miremos advertimos en seguida que muchas de las leyes más progresistas no fueron aprobadas durante los gabinetes whigs, como cabría esperar, sino por los torys. Para muchos historiadores existía un pacto implícito entre ambos partidos que permitía introducir reformas con la mínima oposición posible, al tiempo que aseguraba al legislador acomodar la ley en cuestión a sus presupuestos ideológicos, ya que si ellos no tomaban la iniciativa lo harían los opositores, con resultados menos asumibles.

El modelo fue imitado en España por la Restauración (1875) pero aquí la dialéctica partidaria tomó pronto otras vías. Sin embargo, sí que se utilizó la práctica de la autocontención, otra versión de lo mismo: presentar reformas suficientemente moderadas para que la oposición no rompiera los consensos fundamentales. Desde Sagasta, que introdujo en España el sufragio universal (1890) sin tocar el corrupto sistema electoral que lo neutralizaba,  hasta hoy ha tenido esforzados practicantes; por ejemplo, Alfonso Guerra (un supuesto radical socialista) fue el que negoció el actual concordato con el Vaticano, del que hoy abomina cualquiera que tenga un lejano parentesco con el progresismo

El chalaneo legislativo que desvelan estas prácticas tiene efectos perniciosos, pero también positivos: evita el tejer y destejer característico de la alternancia a corto plazo.

El gobierno González del 85 se limitó a modificar el código penal para sacar de él tres supuestos no penalizables de aborto. Una acción mínima por miedo a despertar la ira de la iglesia y afines. Más tarde, Aznar, aunque escenificó espectacularmente la ruptura con sus antecesores, no tocó el aborto y se limitó a maquillajes en educación, y eso por el clamor existente contra la LOGSE procedente de una tropa de ignorantes, intereses clericales y profesionales atados a rutinas ancestrales, lo que en España siempre constituyó una mayoría absoluta. Hasta aquí mal que bien, seguían en pie algunos consensos básicos.

Zapatero, en su turno, comprendió en seguida que la economía era intocable por estar en la UE y porque la prosperidad del momento impedía ponerla en cuestión y, aunque entrevió la burbuja,  prefirió la táctica del avestruz ante la falta de alternativas menos riesgosas. Centró, por tanto, la política de izquierdas en los derechos y la igualdad: entre otras iniciativas promovió una ley de aborto desde el punto de vista de los derechos de la mujer, matrimonio gay, etc. Los consensos ya estaban rotos desde el fiasco de la guerra de Irak y el 11M pero estas actuaciones consagraron la ruptura.

 El estallido brutal de la burbuja puso el gobierno en manos de Rajoy, un segundón mosqueado por el ninguneo con que le obsequiaban los suyos, que no entiende de acuerdos ni de mano izquierda y que ha emprendido, con la brusquedad de los tímidos, una política de cambio de ciclo aprovechando el K.O. ciudadano por efecto de la crisis: entrega de lo público al sector privado, salvo las deudas que siguen el sentido contrario; ley de educación que dinamita los presupuestos ideológicos democráticos y progresistas en que se fundamentaba la LOGSE, retrotrayéndonos a las postrimerías del franquismo; ley del aborto que nace en el ministerio de justicia porque la interrupción del embarazo vuelve a ser delito y no un derecho, etc. Como única arma política para neutralizar a la oposición social, que no parlamentaria (allí no hay), la ingeniería lingüística, discurso cargado de eufemismos y equívocos semánticos, a la que son adictos.

Que cada cual legisle sin autocontención y sin atender pactos implícitos  o explícitos tiene la ventaja de que así hasta los torpes saben quién es quién, no hay que andarse con análisis sutiles. ¿Contentos?