Petróleo sí o petróleo no, esa es la cuestión. Nadie es indiferente a la posibilidad de tener, o al menos controlar, una fuente de energía hoy, seguramente durante mucho tiempo aún, absolutamente imprescindible para nuestra vida doméstica y no digamos para la industria o cualquier actividad económica o bélica. Cómo entender si no los movimientos estratégicos de la gran potencia en el Medio Oriente, como por influencia anglosajona nos hemos acostumbrado a denominar al Oriente Próximo. De ahí también que algo tan común como el cambio de titularidad de unas acciones, en este caso de Repsol, nuestra (?) querida petrolera, haya levantado tanta polvareda.
Ya en 1927 el casi entrañable dictador –en comparación con el que le imitara diez años después– Primo de Rivera creó CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A.) con la intención de poner en manos del Estado un sector que se había revelado ya como estratégico en la guerra y en la paz. Así vivió y creció durante 65 años hasta que en el 92 el gobierno socialista de Felipe González, siguiendo las directrices antimonopolistas de la UE, la troceó y privatizó parcialmente. Ese fue el origen de Cepsa y Repsol del que el Estado se reservaba el 10% de las acciones, suficiente para seguir controlándola. Los gobiernos de Aznar llevaron al paroxismo la orgía privatizadora, siguiendo con fe de neófito la moda del momento y porque de ese modo se liquidaba el déficit, lo que permitiría entrar en el euro; entonces cayó lo que quedaba de Repsol, privatizada por completo y, desde ese momento, dejó de ser nuestra.
No entiendo los términos del debate planteado a propósito de las pretensiones de la petrolera rusa Lukoil de adquirir el 20% de las acciones, puestas a la venta por Sacyr en un intento de aliviar su deuda a lo que se añade una oferta de la Caixa. Todas son empresas privadas que cotizan en el mercado global y están con frecuencia vinculadas unas a otras; no se ve cómo podría impedir el gobierno una acción legal de venta o adquisición de acciones, aunque cambie la titularidad o la influencia entre ellas. Por otra parte cuando hablamos de la nacionalidad de estas grandes corporaciones en realidad sólo indicamos el país en donde está residenciada su sede social, no a quien pertenece el capital –por ejemplo, Conoco Phillips (USA) es el accionista mayoritario de Lukoil con el 11% del capital, lo que, de paso, puede tranquilizar a los que siente alergia nada más pronunciar el nombre de Rusia, ¿reflejo del franquismo?–.
Argumentar que ese país es intervencionista con sus empresas, mientras se está pidiendo al gobierno español que haga justamente eso, es de un cinismo más que notable. Que los que privatizaron a Repsol se escandalicen ahora de que alguien compre sus acciones es tomarnos por imbéciles. Que se pida al gobierno que compre las acciones de la discordia, años después de haberlas vendido, es cómico.Ya en 1927 el casi entrañable dictador –en comparación con el que le imitara diez años después– Primo de Rivera creó CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A.) con la intención de poner en manos del Estado un sector que se había revelado ya como estratégico en la guerra y en la paz. Así vivió y creció durante 65 años hasta que en el 92 el gobierno socialista de Felipe González, siguiendo las directrices antimonopolistas de la UE, la troceó y privatizó parcialmente. Ese fue el origen de Cepsa y Repsol del que el Estado se reservaba el 10% de las acciones, suficiente para seguir controlándola. Los gobiernos de Aznar llevaron al paroxismo la orgía privatizadora, siguiendo con fe de neófito la moda del momento y porque de ese modo se liquidaba el déficit, lo que permitiría entrar en el euro; entonces cayó lo que quedaba de Repsol, privatizada por completo y, desde ese momento, dejó de ser nuestra.
No entiendo los términos del debate planteado a propósito de las pretensiones de la petrolera rusa Lukoil de adquirir el 20% de las acciones, puestas a la venta por Sacyr en un intento de aliviar su deuda a lo que se añade una oferta de la Caixa. Todas son empresas privadas que cotizan en el mercado global y están con frecuencia vinculadas unas a otras; no se ve cómo podría impedir el gobierno una acción legal de venta o adquisición de acciones, aunque cambie la titularidad o la influencia entre ellas. Por otra parte cuando hablamos de la nacionalidad de estas grandes corporaciones en realidad sólo indicamos el país en donde está residenciada su sede social, no a quien pertenece el capital –por ejemplo, Conoco Phillips (USA) es el accionista mayoritario de Lukoil con el 11% del capital, lo que, de paso, puede tranquilizar a los que siente alergia nada más pronunciar el nombre de Rusia, ¿reflejo del franquismo?–.
Que alguien se dispare con la manguera en la sien lo entendería, la polémica que se ha desatado no.
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Cliqueando en los enlaces que propongo se pueden ver las vinculaciones económicas entre estas grandes empresas.
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